La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, manifestó este sábado que su departamento ha adoptado las medidas más contundentes posibles en relación a la actuación irregular de determinados funcionarios de la cárcel de mujeres Madrid I (Alcalá-Meco) y añadió que empleará, como hace siempre con cualquier tipo de irregularidad que se produce, 'absoluta mano dura'.

'Desde Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior somos absolutamente intolerantes con cualquier tipo de actuación que vaya en menoscabo del normal funcionamiento del centro, de la convivencia de los internos, del respeto a sus derechos', dijo en rueda de prensa.

Gallizo quiso 'dar la cara' por la 'inmensa' mayoría de los funcionarios de prisiones, cuyo trabajo no está 'suficientemente valorado' por la sociedad y que se ve dañado por casos como éste, que causan un 'gran impacto social' pero que son 'escasísimos'.

A su juicio, las actuaciones 'individuales' e 'inaceptables' de algunas personas 'no deben empañar el buen nombre' de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, más de 25.000 personas, que dedican 'lo mejor de su tiempo y de su vida' a su trabajo, que desempeñan con 'rigor, profesionalidad y absoluto respeto' a los derechos de los demás.

Asimismo, anunció que solicitará su comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar los detalles de los hechos ocurridos en Madrid I, así como el desarrollo de las investigaciones abiertas.

Gallizo solicitará su comparecencia en el Congreso de los Diputados

Gallizo explicó que Instituciones Penitenciarias ha abierto dos expedientes disciplinarios a sendos funcionarios por hechos irregulares y de 'extrema gravedad' ocurridos uno a finales de 2009 y otro en abril de este año. El primero tiene que ver con el consumo de alcohol por parte de un funcionario y presas, y el segundo, con el hecho de que un funcionario se introdujo en la celda de dos reclusas sin que supuestamente estuviera justificado.

Preguntada si en el segundo caso se produjeron intercambios sexuales a cambio de favores, Gallizo señaló que lo que se ha denunciado es que un funcionario abrió la puerta de una celda 'a altas horas de la noche' y compartió varias horas con las dos reclusas. No obstante, señaló que no se descarta nada.

En este sentido, insistió en que la investigación sigue abierta, en que, mientras se esclarecen los hechos, los dos funcionarios han sido suspendidos de empleo y sueldo, la medida máxima que recoge el ordenamiento penitenciario, y en que tres mandos del centro, el director, el subdirector de seguridad y el administrador, han sido destituidos.

Explicó también que a los mandos destituidos no se les ha abierto expediente porque no se les atribuye ninguna actuación irregular, sino que no intervinieron con la 'celeridad necesaria', razón por la que se les ha retirado la confianza que se depositó en ellos en su momento. En sustitución del director de la cárcel ha sido nombrado, temporalmente, un miembro de la inspección penitnciaria que está investigando el caso.

Por otra parte, señaló que Instituciones Penitenciarias no da los nombres de los funcionarios implicados porque se trata de un colectivo que ha sido 'amenazado reiteradamente'.

En respuesta a quienes han vinculado lo ocurrido en la prisión Madrid I con la Ley de Igualdad, afirmó que estos hechos 'no tienen absolutamente nada que ver' con la aplicación de la citada normativa.

El ex director del Centro Penitenciario Madrid I, José Luis Cuevas Crespo, asegura en un comunicado enviado a los medios que 'el maremágnum de informaciones atribuido al funcionariado y dirección del Centro son en su 90% falsas'. Cuevas se muestra crítico con las destituciones y considera que 'la imputación de posibles delitos o conductas profesionales inadecuadas es aventurada, prematura y manifiestamente tendenciosa'.

'Lo mismo cabe decir de nuestra responsabilidad como directivos, ya que, al no estar probado nada, difícilmente se nos puede hacer responsables de lo que no existe y habría que demostrar', añade la nota, en la que el ex director asegura que 'la denuncia a los medios, si realmente esas implicaciones investigadas fuesen finalmente ciertas, tuvo el efecto de abortar, con nuestro cese, la tramitación iniciada y dar tiempo a supuestos culpables a borrar las pistas'.

Por ello, critica la salida 'a la desesperada, montando una escandalera de ceses cuyo único efecto, a mi juicio, ha sido dar una apariencia de que con ello algo muy grave estaba pasando realmente (cuando no es así si no lo desmesuramos)'. Cuevas, finalmente, afirma que 'en Madrid I ninguno de los dos procedimientos abiertos contempla los abusos sexuales de forma expresa. Las hipótesis y conjeturas son libres'.