Una declaración ayer en Vitoria de Alberto Ruiz-Gallardón colocó en posición las últimas piezas para comenzar a jugar la partida de los presos de ETA, que todas las partes prevén larga. El ministro de Justicia adelantó que el nuevo Gobierno actuará siempre dentro de los límites que marca la legislación y supeditó cualquier cambio en la política penitenciaria a la 'predisposición individualizada' que muestre cada preso a pedir perdón a las víctimas y a 'reparar' el daño causado.

Fue la respuesta del Ejecutivo a la multitudinaria manifestación celebrada el sábado en Bilbao exigiendo la supresión de las 'medidas de excepción' que Instituciones Penitenciarias aplica a los presos de la organización terrorista. Para que eso se produzca, los distintos gobiernos han fijado siempre dos condiciones: que el preso se desvincule de ETA o que la banda desaparezca. Sólo entonces a los presos terroristas se les empezaría a aplicar la 'legislación ordinaria' a la que ayer volvió a aludir la izquierda abertzale en un comunicado. Durante la toma de posesión de Carlos Urquijo como delegado del Gobierno en Euskadi, Ruiz-Gallardón afirmó: 'Ahora es preciso que a ese cese de una violencia gratuita, cruel y unilateral, le suceda la disolución de las estructuras, el desarme total y la entrega de cuantos medios puedan estar aún al servicio de quienes han tratado de esclavizar a los vascos y de amedrentar a los españoles'.

El lehendakari insiste en que la ley permite cambiar la política penitenciaria

ETA recuperó en octubre pasado la distribución de Ekia, su boletín interno para las cárceles cuyo contenido íntegro adelantó Público en diciembre. En él, la banda prohíbe expresamente a los reclusos que pidan perdón a las víctimas, al tiempo que reivindica el estatus de 'presos políticos'. Ese reconocimiento posibilitaría una amnistía total, figura que la Constitución excluye, según se encargó de recordar ayer el titular de Justicia.

La aplicación de esta medida es, sin embargo, el principal objetivo de ETA, mientras que los líderes de la izquierda abertzale se refieren a ella como un estadio final del escenario que entienden ha abierto el anuncio de final de la violencia realizado por la banda. Hasta alcanzarla, la izquierda abertzale exige una interpretación de la ley que acerque a los presos de ETA al País Vasco, suponga la excarcelación de nueve que considera 'enfermos graves' y ponga en la calle a los 175 que han cumplido dos tercios de condena, a los 169 en prisión preventiva y a otros 49 que han visto prolongado su encarcelamiento por aplicación de la doctrina Parot. En suma, más de dos tercios de los alrededor de 580 encarcelados en la actualidad en España.

La izquierda abertzale pide que salgan ya dos tercios de los presos

Esta petición se enfrenta a la lectura de la situación que viene haciendo Instituciones Penitenciarias. La dispersión ha tenido desde los gobiernos de Felipe González el doble objetivo de evitar que ETA reproduzca su estructura jerárquica en el interior de las cárceles y, al tiempo, propiciar el alejamiento de la banda por parte del preso y su posterior reinserción.

Fuera de este instrumento de la lucha antiterrorista quedan la treintena de reclusos que se han desvinculado de la banda en los últimos años, han pedido perdón y han comenzado a beneficiarse de las condiciones que marca la ley para los arrepentidos. Son aquellos acogidos a la denominada vía Nanclares, el 'pequeño grupo' que ETA desprecia en su último boletín interno, donde pide a la izquierda abertzale que les niegue cualquier 'apoyo político'. Además de cumplir condena en una cárcel del País Vasco, gozan de permisos y algunos salen a diario a trabajar y regresan por la noche.

En cuanto a los presos con enfermedades graves, Instituciones Penitenciarias mantiene a 11 fuera de la cárcel con control telemático. Su excarcelación fue dictada por el juez de Vigilancia Penitenciaria previo informe de la junta de tratamiento de cada prisión y la posibilidad de recurso para la Fiscalía. Los otros nueve que reclama la izquierda abertzale pueden ser tratados adecuadamente de sus enfermedades dentro de la cárcel, según el criterio de los organismos citados.

El ministro de Justicia recuerda que la Constitución niega la amnistía

Por su parte, el lehendakari, Patxi López, aseguró ayer que trasladará al presidente del Gobierno la necesidad de acercar presos, aplicar terceros grados y excarcelar a reclusos enfermos 'sin vulnerar ningún principio legal ni de justicia', durante la reunión que mantendrá con Mariano Rajoy en febrero. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se negó a aplicar ninguna de esas medidas tras el anuncio de final de la violencia de ETA esgrimiendo falta de legitimidad por la proximidad de las elecciones generales que acabó ganando el Partido Popular. En cualquier caso, López dijo ayer en Radio Euskadi que 'el primer yugo del que tienen que deshacerse los presos es de la propia ETA, que les ha impedido, hasta ahora, acercarse o acogerse a las medidas de reinserción'.

Antes de que el lehendakari se reúna con Rajoy, su consejero de Interior, Rodolfo Ares, lo hará con el ministro Jorge Fernández Díaz el 24 de enero en Euskadi. Además de la situación de los presos de ETA, está previsto que ambos aborden la reducción de escoltas que prevé el Gobierno vasco tras el comunicado de la banda del 20 de octubre y la coordinación de la Ertzaintza con el resto de Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y otras modalidades delictivas, como la violencia de género o los delitos informáticos.