El fiasco de la política de Alberto Núñez Feijóo con respecto a la energía eólica va a costarles a los gallegos, de momento, tres millones de euros. Esa es la cantidad que figura en la modificación presupuestaria aprobada por la Xunta el pasado verano para hacer frente a las indemnizaciones ordenadas por la justicia por la anulación del concurso eólico aprobado por el Gobierno anterior, que coaligaba al PSOE y al BNG. La oposición quiere que el presidente lo pague de su bolsillo, pero en la Xunta y en el PP nadie apuesta por esa posibilidad. Y no parece muy probable que Feijóo se avenga a asumir esas indemnizaciones con cargo a su patrimonio personal.

Fue una de sus primeras medidas, adoptada apenas cuatro meses después de acceder a la presidencia de la Xunta, adoptada en pleno mes de agosto. Lo había prometido durante la campaña electoral: anularía el concurso eólico del bipartito, que había adjudicado a cerca de una treintena de compañías la explotación de parques con una potencia prevista de más de 2.300 megavatios, es decir casi lo mismo que hasta entonces se producía en la comunidad. Las condiciones de aquel proyecto preveían un 14% de participación pública en los beneficios de las empresas, que además estaban obligadas a invertir en la ejecución de planes industriales en las comarcas donde se iban a instalar los molinos.

El trámite del concurso dividió al bipartito, que presidía el socialista Emilio Pérez Touriño, y fue objeto de una sonada lucha de intereses económicos, políticos y mediáticos. El vicepresidente de la Xunta, el nacionalista Anxo Quintana, llegó a denunciar posteriormente que había recibido presiones y amenazas varias, entre ellas del editor de La Voz de Galicia, el periódico más leído en la comunidad, para que modificara los criterios del concurso. “Un enfermero de Allariz [la profesión de Quintana antes de dedicarse a la política] no puede venir a cambiar el mapa económico de Galicia. Atente a las consecuencias”, dice que le dijo. Quintana asegura que rechazó las presiones y siguió adelante. Pero lo cierto es que desde entonces el diario se posicionó abiertamente a favor de Feijóo, que ganó sus primeras elecciones por un escaño de diferencia sobre la suma de los de PSOE y BNG.

Cuando accedió a la Xunta, el nuevo presidente anuló el concurso alegando que adolecía de “tachas graves de legalidad” y, por la participación del sector público en la producción energética, violaba los principios de libre empresa recogidos en la Constitución. Los jueces, sin embargo, no opinaron lo mismo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), primero, y el Tribunal Supremo, después, declararon ilegal la anulación del concurso del bipartito. El Gobierno del PP volvió a repartir megavatios sustituyendo la participación pública en el proyecto por un “canon ambiental” que, aseguró, recaudaría 600 millones de euros al año. Pero e el TSXG lo declaró ilegal en el 2016 y abrió las puertas a la oleada de reclamaciones que la Xunta debe afrontar ahora.

Alberto Núñez Feijóo. Archivo EFE/Xoan Rey

“Feijóo tumbó el concurso del bipartito por sectarismo ideológico”, subraya Noa Presas, diputada del BNG., quien denuncia además los efectos que ha tenido sobre la economía y el empleo de Galicia la paralización del desarrollo de su potencial eólico: en cinco años apenas se han creado 1.800 de los 12.000 nuevos puestos de trabajo previstos en el sector; Galicia ha caído en pocos años a la cuarta posición nacional en producción de energía eólica cuando en el 2009 ocupaba la segunda a muy poca distancia de Castilla y León; y las empresas han suspendido la mayoría de sus proyectos tras la decisión del PP de eliminar las ayudas a las renovables en todo el Estado y, también, por la enorme inseguridad jurídica en la que se mueven tras la anulación del concurso del 2009.

Todo eso sin contar los perjuicios para el contribuyente, porque las sentencias judiciales emitidas hasta ahora contemplan indemnizaciones por más de 1,8 millones de euros: 843.000 euros para Ventauria Enerxía Rural; 551.000 para EDP Renovables; 308.000 para Viraventos Energy; 113.000 para Andavia Renovables; 22.000 para Iniciativas Estratéxicas Galegas... A esas cantidades hay que sumarles otros 300.000 euros por intereses de mora, dado que la Xunta desatendió las reclamaciones por la vía administrativa y recurrió las sentencias de primera instancia en su contra. Y como que existen procesos todavía en marcha, hay que prever más pagos. En total, la modificación presupuestaria aprobada en julio pasado por la Consellería de Facenda asciende a 2.949.935, 36 euros. “Es una estafa para la ciudadanía”, abunda Noa Presas.

Feijóo, en cambio, considera “lógico” pagar esas indemnizaciones. E incluso insinúa que los casos judiciales los ha ganado su Gobierno, bien porque algunas empresas han renunciado a reclamar como lucro cesante el dinero que nunca llegaron a ganar, bien porque los tribunales han rechazado indemnizarlas con cuantías que en algunos casos superan los cincuenta millones. “No se las indemniza por dejar sin efecto el concurso eólico del bipartito, sino que se financian los costes en los que incurrieron para presentarse", defiende el presidente gallego. "De momento, todas las sentencias definitivas determinan que actuamos de acuerdo con la ley y que la anulación fue correcta", añade.

La oposición no piensa lo mismo. Tanto Luis Villares, de En Marea, como Ana Pontón, del BNG, han exigido a Feijóo que abone ese dinero de su bolsillo, aprovechando la decisión del Tribunal de Cuentas de imponer fianzas millonarias a varios altos cargos de la Generalitat catalana por los gastos derivados de la consulta del 9 de noviembre del 2014. “Los errores en política hay que pagarlos”, afirma Villares, cuya formación considera que la actuación de la Xunta rayó la prevaricación. Pontón opina de manera similar: Feijóo tomó “decisiones absolutamente arbitrarias, sectarias y que rozan la ilegalidad”.

Mientras tanto, Galicia contempla como uno de los sectores en los que había centrado buena parte de las potencialidades de su desarrollo industrial se mantiene paralizado, creando apenas un 25% del empleo previsto y con las empresas recibiendo dinero por no producir. En la comunidad hay hoy más de sesenta proyectos de parques eólicos aprobados que no se ponen en marcha por la falta de incentivos económicos y por la inseguridad jurídica que sufren las empresas. Si empezaran a funcionar, sumarían más de mil megavatios de potencia añadida, es decir, que elevarían en un 30% la capacidad eólica de Galicia y la volverían a situar en la posición que tenía en el 2009.