La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación sobre la concesión por parte del Institut Català de Finances (ICF) del aval a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat a los que el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones por la promoción exterior del 'procés'.

En un decreto, la Fiscalía Superior de Catalunya acuerda abrir diligencias a raíz de la denuncia que presentó Cs, pero ordena investigar solo a la junta de gobierno del ICF, puesto que los miembros del Govern ya han sido denunciados en paralelo por Vox ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), dada su condición de aforados.

El ministerio público deberá posicionarse ante el TSJC sobre esa denuncia de Vox contra el vicepresidente Pere Aragonès y los consellers Jaume Giró y Laura Vilagrà, antes de que el alto tribunal decida si les abre una investigación.

Mientras tanto, la Fiscalía Superior ha remitido la denuncia a la Provincial de Barcelona para que practique diligencias encaminadas a aclarar si los miembros de la Junta de Gobierno del ICF cometieron algún delito en la concesión de los avales, dado que es a esta instancia a la que corresponde investigarlos por no ser aforados.

En su escrito, el fiscal Superior, Francisco Bañeres, no entra a valorar si ve delictiva la concesión del aval, pero recuerda que la ley obliga al ministerio público a abrir diligencias "cuando se reciba noticia de la comisión de hechos que pudieran tener relevancia penal".

El partido naranja presentó la semana pasada su denuncia ante Fiscalía, al entender que el Govern cometió una "operación fraudulenta" con la creación del Fondo Complementario de Riesgos para avalar a los ex altos cargos encausados a través del Institut Català de Finances, lo que provocó la dimisión de tres miembros independientes de la junta de gobierno de la entidad. El Tribunal de Cuentas duda de la legalidad de los avales, por lo que todavía no ha decidido si los acepta, a la espera del informe que ha requerido con urgencia a la Abogacía del Estado.

En su decreto, la Fiscalía Superior acuerda archivar la denuncia de Cs contra los miembros del Govern, argumentando que la ley le obliga a hacerlo cuando consta la existencia de un procedimiento judicial en marcha por los mismos hechos. Se trata de la denuncia que Vox presentó contra el Govern ante el TSJC, a la que se suma otra interpuesta por Convivencia Cívica Catalana (CCC) que todavía no ha sido registrada.

Según fuentes jurídicas, el alto tribunal está a la espera de que la formación de extrema derecha corrija un defecto de forma en la denuncia que presentó, tras lo que designará a un magistrado ponente que preguntará a la Fiscalía si ve indicios de delito que motiven abrir una investigación contra Aragonès y los consellers. Una vez se pronuncie el ministerio público, será la sala de admisiones del TSJC la que resuelva si abre investigación a los aforados.

"Es impecable jurídicamente"

El conseller de Economía, Jaume Giró, ha defendido hoy que el decreto de la Generalitat que permite al Institut Català de Finances (ICF) avalar las fianzas de los ex altos cargos encausados por el Tribunal de Cuentas "es impecable jurídicamente" y "será muy difícil que alguien diga lo contrario".

Giró se ha mostrado convencido de que dicho decreto "tiene una solidez jurídica total y absoluta" después de que la Fiscalía haya anunciado que investiga dicha concesión de avales a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat a quienes el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de fianza por la promoción del procés en el extranjero con dinero público.

La Fiscalía Superior de Catalunya ha acordado abrir diligencias a raíz de una denuncia presentada por Cs, pero ha ordenado investigar solo a la junta de gobierno del ICF, puesto que los miembros del Govern ya han sido denunciados en paralelo por Vox ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), dada su condición de aforados.

En rueda de prensa, Giró ha dicho que respeta todas las decisiones, incluidas las de aquellos partidos que "intentan continuamente judicializar la política" y que lo único que persiguen, ha apuntado, es obtener "rédito político" del "sufrimiento de unas personas" que pueden ver embargadas sus casas y sus cuentas.

"Por desgracia, esto no es una novedad, estamos acostumbrados, qué le vamos a hacer", ha declarado Giró. El conseller ha defendido asimismo que sea el ICF, la entidad financiera de la Generalitat, la que finalmente avale a los encausados, pese a que la idea inicial era que lo hicieran bancos privados. 

Lo que hace este decreto, ha señalado Giró, es avalar "única y exclusivamente" la presunción de inocencia de ex altos cargos públicos que ante el ejercicio legítimo de su función han sido demandados en el Tribunal de Cuentas.

Mientras no haya una sentencia judicial firme, ha precisado, la Generalitat cubre los avales de las fianzas exigidas, pero si finalmente hubiera una sentencia en firme de culpabilidad, los encausados tendrían que devolver el dinero, los intereses y los costes. "Esto es resumidamente el decreto ley", ha subrayado.

La junta de gobierno del ICF acordó dividida avalar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas: el consejero delegado del ICF, Víctor Guardiola, se abstuvo en la votación, los tres consejeros dominicales -nombrados por la Generalitat- votaron a favor de la operación y otros tres independientes lo hicieron en contra. El empate a tres en la votación lo deshizo Albert Castellanos con su voto de calidad como presidente de la junta de gobierno del ICF.

Se da la circunstancia, además de que otros tres miembros independientes de la junta, Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger, dimitieron de sus cargos antes de que este organismo aprobara activar el aval. Jaume Giró ha recordado que estos tres consejeros independientes tenían el mandato caducado, por lo que optaron por dimitir de sus cargos antes de la votación: "Estaban en su derecho al ver la que se ha montado a nivel de opinión pública y decidieron no continuar".

Los consejeros dominicales, en cambio, le llamaron por teléfono para comunicarle que darían apoyo a la propuesta. Giró ha defendido asimismo la legalidad de la votación y ha recordado que en su etapa como directivo de grandes empresas vio "votaciones en consejos iguales de reñidas o más" "Y algunas sobre operaciones empresariales importantes", ha subrayado el conseller.