A estas alturas, ha calado el consenso en la izquierda de las insuficiencias de la Ley de Memoria Histórica, tanto en el Congreso como extramuros. Hoy emergió un nuevo ejemplo. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) reclamó la creación de una Agencia Nacional de Reparación de los crímenes del franquismo. Fue una de las conclusiones del congreso del 25º aniversario de la asociación, celebrado en Málaga.

La UPF advierte en su documento de la 'inactividad del Gobierno en la tarea de memoria histórica'. Censura el escaso compromiso del Ejecutivo con la reparación de los damnificados por la dictadura. 'Lejos de protagonizar ese capítulo histórico, lo dejó en manos de los familiares y asociaciones de voluntarios', informa Efe. De aquí que los fiscales progresistas pidan una agencia nacional, encargada de recuperar los cuerpos de las víctimas y de crear una base de datos de ADN. En ese nuevo organismo se integraría un fiscal 'a fin de remover los obstáculos que surjan en los procedimientos judiciales a favor de las víctimas'.

La idea de crear una fiscalía especializada en delitos del franquismo no es nueva. IU-ICV lo ha propuesto en varias ocasiones. Sin embargo, esa iniciativa quedó fuera del pacto que cerraron el mes pasado ambos partidos con el PSOE. En la moción que aprobó todo el Congreso salvo el PP se acordó reforzar la protección de las víctimas y 'garantizar la responsabilidad pública e institucional' en la exhumación de los cadáveres.

Es 'imprescindible' una Ley de Enjuiciamiento Criminal nueva

El congreso de la UPF también contó con la intervención del ministro de Justicia. Francisco Caamaño insistió en una reforma legal que el PP siempre ha rechazado: otorgarle más poder al ministerio público, desplazando la responsabilidad de la instrucción en los procesos penales del juez al fiscal.

Es 'imprescindible' una Ley de Enjuiciamiento Criminal nueva, subrayó, que confiera a la Fiscalía las funciones 'que han de corresponderle, como ocurre en otros países europeos'. Caamaño recordó que se ha creado un 'grupo de trabajo' que estudia cómo modificar no sólo la ley, sino el proceso penal, 'que es algo más serio'.