'Presentar a la Fiscalía de la Audiencia Nacional como un órgano instrumentalizado por el Gobierno es faltar a la verdad' y forma parte de una 'visión' que 'obedece a fines políticos, completamente ajenos' a los que corresponden al ministerio público. La Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional mostró, de forma unánime, su hartazgo, a través de un acuerdo que manifiesta 'el más absoluto rechazo' a las críticas recibidas desde 'algunos medios de comunicación', pero sobre todo, y 'muy especialmente', por la conservadora Asociación de Fiscales.

Sólo esta asociación de fiscales, que tiene a cinco miembros en la Audiencia Nacional, y la de los jueces conservadores, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), han hecho público comunicados por informaciones sobre los papeles que ETA redactó tras sus contactos con el Gobierno. La primera, en relación con la sustitución del fiscal jefe de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño ahora en el Tribunal Supremo por el actual, Javier Zaragoza, y la segunda cuestionando la permanencia en el Consejo General del Poder Judicial del vocal José Manuel Gómez Benítez, por haber sido uno de los representantes del Ejecutivo en aquellas negociaciones. Ninguna otra asociación judicial comparte su criterio.

Cinco miembros de la junta de fiscales son de la asociación conservadora

Por eso, el acuerdo de la Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional, el primero de estas características que se recuerda, 'lamenta muy especialmente que algún colectivo de profesionales integrados en la propia institución del ministerio fiscal se ha sumado con idénticos fines a esta campaña mediática, prescindiendo de los postulados jurídicos adoptados en cada caso y del respeto institucional mínimamente exigible dada su condición'.

Los fiscales de la Audiencia, que recuerdan que ejercen su labor 'con gran sacrifico profesional y elevado riesgo personal', insisten en que su intervención en los procesos judiciales que les corresponden, entre los que estos días destaca, como uno de los más polémicos, el del chivatazo a ETA, 'se ha ajustado en todo momento a criterios de legalidad, respetando los derechos fundamentales de los justiciables' y las garantías constitucionales del proceso penal.

De ahí, la gravedad que ven en las sospechas lanzadas de 'instrumentalización' de su actuación y no sólo por medios de comunicación o el PP. La Asociación de Fiscales citaba expresamente un juicio en el que a Arnaldo Otegi se le retiró la acusación por un delito de enaltecimiento y las que llama 'peripecias jurídico-penitenciarias' del etarra José Ignacio de Juana Chaos.

Este colectivo había criticado al Gobierno por instrumentalizarles

Pero se da la circunstancia de que la primera acusación fiscal contra De Juana por amenazas se formuló el 22 de junio de 2006, el mismo día en que los representantes del Gobierno Javier Moscoso y Jesús Eguiguren mantenían una de las reuniones con ETA. La Fiscalía que ya encabezaba Zaragoza desde hacía un tiempo solicitó ese día 96 años de prisión. Después rebajó la pena a 12 con la alternativa de cuatro. Los fiscales conservadores obviaron además en su comunicado que el Supremo rebajó la pena a De Juana de 12 a tres años de prisión. Y que a Otegi últimamente no le ha ido mal en los tribunales: el Supremo ordenó repetir el último juicio por el que la Audiencia Nacional le había condenado y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dio la razón tras su condena por llamar al rey 'jefe de los torturadores'.