Trece horas después de que Jaume Matas abandonara a medianoche del jueves la zona de los juzgados de Palma en el asiento trasero de un todoterreno y con la vista en el suelo, los hechos explicaron por sí mismos el porqué de su derrumbe.

El juez que investiga el caso Palma Arena le retiró ayer a la una de la tarde el pasaporte después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara para el que fue ex president de Balears hasta 2007 y, antes, ministro de Aznar la fianza más alta exigida a un político en los últimos años: tres millones de euros para eludir el ingreso en prisión. El golpe económico a quien fue líder del PP balear y que ahora se ve más cerca del banquillo por soborno, blanqueo y otros delitos puede ser aún más duro: los fiscales anunciaron en la vista de medidas cautelares que también pedirán una fianza civil, cuya cuantía aún no han determinado, en previsión de que una eventual condena ratifique que Matas causó al Ejecutivo autonómico un daño patrimonial. Al término de la vista, Matas rehuyó a la prensa.

En su escrito, de medio centenar de páginas y que desglosa los delitos atribuidos a Matas, los fiscales argumentan su drástica demanda en el 'elevado riesgo de fuga' existente, dado que el imputado se arriesga a penas de cárcel superiores a 20 años. Asimismo, subrayan que las escuchas policiales acreditan la alteración de pruebas que habría llevado a cabo durante la instrucción el principal imputado del caso. Matas intentó influir en testigos para que modificaran su versión y le beneficiasen en sus declaraciones ante el juez. Una de las escuchas revela que Matas y su abogado Rafael Perera hablaron sobre la fabricación de un documento contable como coartada para el lujoso tren de vida del ex president balear.

Los fiscales lanzan la siguiente acusación a Matas: 'Ha fabricado documentación falsa para ocultar su enriquecimiento ilegal'. Es decir, el dinero con que compró el piso palacete de Palma, el piso de lujo en Madrid, escriturado a nombre de un presunto testaferro, y el de Ses Salines (Mallorca) que figura a nombre de su madre. Matas adquirió formalmente el palacete por la mitad de lo que en realidad valía, acusan los fiscales.

Es el temor de los fiscales a que Matas intente evadir la acción de la Justicia o presionar a otros involucrados en la causa la que les llevó a requerir ayer al juez que le privase del pasaporte de manera inmediata, es decir, sin esperar a que el lunes se conozca el auto que fijará la fianza definitiva y las restantes medidas cautelares, si las hay. El juez José Castro, que rescató en septiembre de 2009 la investigación sobre el patrimonio de Matas después de que el fiscal general del Estado y el fiscal superior de Balears intentasen enterrar-la, accedió de inmediato a las pretensiones de los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach. Tanto los fiscales como la acusación particular, ejercidas por el Gobierno del socialista Francesc Antich, sopesaron pedir medidas cautelares más severas. Si no lo hicieron, y así lo manifestaron en la vista de ayer, fue en reconocimiento a la 'excelente' labor de Manuel Ollé, experto en derecho internacional y quien se incorporó recientemente a la defensa de Matas que ya ejercía Perera.

Los fiscales atribuyen a Matas siete delitos de prevaricación (adoptar una resolución administrativa injusta a sabiendas de que lo es), varios de cohecho, falsedad, blanqueo, y malversación, sin perjuicio de que pudiera haber cometido otro contra la Hacienda Pública. Si el juez acepta las peticiones de la fiscalía, Matas, que trabaja en EEUU, no podrá siquiera abandonar el territorio nacional y tendrá que comparecer cada 15 días ante el magistrado instructor. La defensa de Matas se opuso a la fianza y a la retirada del pasaporte, porque 'vulneraría' el de-recho de su cliente a trabajar.

Los fiscales están convencidos de que Matas se lucró gracias a la construcción del velódromo Palma Arena y a la agencia de publicidad Nimbus, gran beneficiaria de contratos públicos del Govern balear en la etapa de Matas y artífice de su campaña electoral en 2007.

Acorralado por la ingente cantidad de pruebas, el que fue ministro de Medio Ambiente hasta su victoria autonómica en 2003 intentó anteanoche convencer al magistrado de que sólo cometió un delito fiscal y no los de cohecho que se le atribuyen. En su desesperado intento por alejar la cada vez más espesa sombra del soborno, el ex jefe del Govern balear reconoció que había empleado 400.000 euros no declarados en la reforma de su palacete. Los fiscales no se creen su versión. El juez, tampoco. Hijo de una familia que poseía una tienda de electricidad, y casado con Maite Areal, también de clase media, Matas sostiene que esos 400.000 euros ocultos al fisco procedían de ahorros familiares, herencias y del traspaso de un negocio y posterior alquiler de un local en el centro de Palma.

El hecho de que la fiscalía sólo haya solicitado para Fernando Areal, cuñado de Matas y ex gerente del PP, la retirada de pasaporte; y que no reclame ninguna medida cautelar contra la mujer del ex presidente, Maite Areal, quien se negó a declarar el miércoles; ni contra Bartomeu Reus, el presunto testaferro de la familia, indica que el ministerio público lo tiene claro: Matas fue el autor intelectual de los manejos destinados, presuntamente, a obtener beneficio económico ilícito para él y el PP. Los fiscales no se creen la versión de Matas, según la cual, era su director general de Deportes, José Luis Pepote Ballester quien controlaba las decisiones sobre el velódromo Palma Arena, que pasó de costar 48 millones a 110 sin causa explicada. Ballester sufre una grave enfermedad.