La ex alcaldesa de Marbella se queda con su casa. Ayer, a primera hora, Marisol Yagüe abonó 940.000 euros para pagar  la deuda que mantenía con la empresa que realizó las obras de reforma del chalé. Impidió, así, la subasta pública del inmueble. De todas formas, no se había presentado ningún interesado en pujar por esta vivienda, situada en la lujosa urbanización marbellí de Xarblanca.

El dinero lo entregó en tres pagos la empresa Hacienda Monterrey S.L., administrada por el hermano de la ex regidora, Julio Yagüe, y que fue investigada por el Banco de España por blanqueo de capitales. El abogado de la antigua alcaldesa, Alfredo López, anunció ayer a los periodistas que la consignación de este dinero fue “la única solución” que pudieron alcanzar para evitar la subasta pública. No obstante, el letrado negó que conociese cómo había logrado Yagüe esta cantidad de dinero, que supera la deuda que la ex alcaldesa tenía contraída con la constructora al incluirse también los intereses y las costas del proceso judicial.

Por su parte, el administrador de Copasur –la empresa que realizó la reforma del inmueble–, Francisco Piñana, deseó que a partir de ahora Marisol Yagüe “sea feliz”, se mostró satisfecho por la resolución del litigio y mostró su deseo de que la procedencia del dinero “fuera justa”. Además, Piñana indicó que ahora la ex regidora “tiene una oportunidad enorme para pedir perdón a los ciudadanos”.

Por otro lado, solicitó a la justicia celeridad a la hora de fijar los tres juicios que todavía tiene pendiente su sociedad contra el Ayuntamiento de Marbella.

Reformas lujosas

La polémica de las lujosas reformas de la casa de Yagüe se inició cuando la empresa que realizó los trabajos denunció el impago de las mismas. En el juicio, la propia Yagüe reconoció que no había abonado nada por esta reforma, alegando que las facturas estaban infladas y que el trabajo no estaba bien terminado.

En la sentencia, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Marbella condenó a la ex dirigente a pagar a la constructora 908.380 euros, cifra que rebajó la Audiencia Provincial a 722.504 euros tras presentar la defensa una apelación.