La ayuda que reciben los dependientes para que sean cuidados por un familiar en casa se reducirá en un 15% como mínimo. El tiempo de espera para ser reconocidos por el Estado se amplía en dos años a los seis meses ya establecidos. Los dependientes moderados no entrarán en el sistema hasta 2015 y la Administración tampoco pagará la Seguridad Social a los personas que tengan que dejar de trabajar por cuidar a un familiar dependiente. Estas son, grosso modo, los cambios que el Congreso de los Diputados ratificará en el día de hoy en la Ley de Dependencia. A ojos de los dependientes: “El asesinato del espíritu de la ley”, señala a Público Jaime Esteban García, coordinador estatal de las plataformas en defensa de la ley de dependencia.

Por ello, desde las diferentes plataformas de defensa de la Ley de Dependencia llaman a los afectados y a sus familias a unirse a cualquiera de las diferentes manifestaciones contra los recortes del Ejecutivo que se llevarán a cabo en el día de hoy . “Creemos que hay que gritar claro y alto que con voluntad política esta ley es viable económicamente y que una vez más nuestros responsables políticos cargan contra los más débiles y necesitados”, denucia García.

De hecho, la responsable de la plataforma por la dependencia de Alcorcón (Madrid), Alicia Resino encabezará la marcha que recorrerá la capital por delante de la pancarta inicial de la manifestación Quieren arruinar el país. Hay que impedirlo. “Llevamos casi seis años luchando por el correcto funcionamiento de esta ley y para que todos los dependientes tengan acceso a unas ayudas que les pertenecen y que necesitan. El futuro es negro, pero no vamos a dejar de luchar”, enfatiza Resino. Los sindicatos convocantes han querido destacar con este gesto la importancia de la Ley de Dependencia para el Estado del bienestar. “Vuelven a atacar a los más necesitados”, señalan fuentes de UGT.

Los dependientes de Castilla La Mancha, por su parte, acudirán este jueves al pleno del Congreso para dejar patente su rechazo a las medidas. “Dice el Gobierno que con estas medidas quieren que los dependientes recurramos a los centros, pero los públicos no tienen plazas disponibles y los privados tienen un coste aproximado de 1.900 euros al mes. ¿Quién puede soportar esos costes?”, se pregunta Enrique Rivas, responsable de la plataforma de Castilla La Mancha. Desde el País Valencià, Jaime Esteban García, también anima a los ciudadanos a “tomar la calle” y enfundarse la camiseta naranja en defensa de los trabajadores sociales.'

La reacción de los organizaciones sociales de personas dependientes y su llamamiento a salir a la calle tiene una explicación. La aporta el presidente de la Asociación estatal de directoras y gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, en un comunicado: “[Es un] atentado contra las personas dependientes, contra sus familias, contra el colectivo de profesionales, contra las empresas del sector y contra las administraciones autonómicas y un destrozo en la política social de España”, escribe Ramírez sobre la reforma de la Ley de Dependencia.

La reducción de un mínimo del 15% en la ayuda a los dependientes con cuidados familiares afectará a 435.180 personas que verán reducidas las prestaciones que reciben. Esta medida supondrá para el Gobierno dejar de gastar 285 millones de euros durante el primer año. Desde las plataformas no se entiende cómo puede haber 'tanto dinero para unos' y 'tan poco para otros' complicando aún más las economías familiares de los dependientes. 'Con una persión de 400 o 500 euros quieren que te pagues una residencia. Es un empujón más a las familias”, apunta José Ausín, abogado y asesor jurídico de la plataforma de Alcorcón.

Aunque para Ausín, la “perversión moral” que representa esta reforma se refleja en la segunda reforma: la Administración tendrá dos años de plazo, más allá de los seis actuales, para tramitar un expediente. Hasta ahora, cuando el Estado se demoraba más de seis meses en la tramitación se creaba una deuda con la persona dependiente. Ahora, el Estado tendrá dos años extra y dispondrá de hasta ocho para pagar las deudas contraídas con las familias. Esta nueva norma provocará que “decenas de miles de personas mueran en su casa bajo el cuidado de un familiar esperando recibir las prestaciones por dependencia que reconoce la ley”, señala Ausín.

Actualmente hay aproximadamente 250.000 personas dependientes con derecho a prestación esperando los trámites administrativos de los que, según el Instituto Nacional de Estadística, el 54% son mayores de 80 años, es decir, 140.400 personas. La esperanza de vida en esta franja de edad se sitúa entre los dos y los tres años. Por lo que, como insiste Ausín, “muchas personas morirán sin ver reconocidas su derecho o simplemente dejarán de reclamar lo que les pertenece”. “Es igual a derogar la ley”, añade el letrado, que advierte de la importancia de salir a la calle en el día de hoy: “Una vez que un derecho se pierde, ya no se recupera”, añade.

La reforma también afecta a los dependientes moderados. No podrán entrar en el sistema hasta 2015, mientras tanto sus necesidades podrán ser cubiertas por los 'servicios sociales de los ayuntamientos', según argumenta el Ejecutivo. Sin embargo, las arcas públicas municipales no andan en su mejor momento, sobre todo tras el recorte de 400 millones de euros en la partida de servicios sociales que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy, y las plataformas se temen que 'no entrarán nunca'. 

Por último, el Ejecutivo también decidió que el Estado dejaría de aportar las cuotas a la Seguridad Social de las personas que cuiden de familiares dependientes. En este caso, el Gobierno dio a elegir dos opciones a las cuidadoras: o dejáis de cotizar o pagáis las cuotas.