El Gobierno y el sector pesquero reclamaron ayer ser indemnizados por la suspensión del acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos que vencía en febrero. El acuerdo fue tumbado por la Eurocámara por incluir las aguas del Sahara Occidental pese a las interpretaciones jurídicas que creen que suponía una violación del derecho internacional.

La ministra en funciones de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, hizo una estimación 'provisional' que cifra en al menos '30 millones de euros' los daños para los buques españoles que en la noche del miércoles comenzaron a abandonar las aguas marroquíes y saharauis. Según Aguilar, se ven afectados 70 barcos españoles y 500 puestos de trabajo directos. Sin embargo, los pescadores se verán privados de faenar menos de tres meses, y el acuerdo europeo, uno de los más ineficientes por los escasos beneficios obtenidos, ya compensaba a Marruecos con 36 millones al año por dejar pescar a barcos españoles y de otras nacionalidades. 'La UE tiene que resarcir los daños a los armadores, pescadores y daños colaterales que en una evaluación preliminar, sólo como punto de partida, van a superar los 30 millones', insistió.

Los 56 barcos que faenaban ayer abandonaron la zona con normalidad

Un total de 56 barcos se encontaban el miércoles faenando en las aguas marroquíes, 51 de ellos españoles y tres portugueses, además de un lituano y un holandés. Todos ellos abandonaron con normalidad las aguas saharauis tras la resolución de la Eurocámara y una orden de expulsión dictada después por Rabat.

CCOO aseguró que es 'preocupante' la situación de los pescadores afectados por la suspensión del acuerdo por la 'la falta de visión política' de la administración comunitaria. En una nota, el sindicato recuerda que el acuerdo estaba en el noveno mes de una prórroga de un año, por lo que considera que no se abordaron las negociaciones con la suficiente antelación para evitar este vacío.

El parón afecta a 500 empleos directos, según el Ministerio

La comisaria europea de Pesca, Maria Damanaki, aseguró que Bruselas 'es consciente' del grave impacto socioeconómico para los barcos europeos de la ruptura del acuerdo y se comprometió a buscar una solución para compensar esos daños. Damanaki espera que continúen las negociaciones ya iniciadas para un acuerdo definitivo, que debería haber entrado en vigor tras el vencimiento del actual en febrero. Bruselas evalúa ahora las 'consecuencias legales' del veto a una prórroga por la que los barcos europeos han estado pescando nueve meses y por la que han pagado el importe de las licencias de pesca y comprometido contratos de trabajo. También estudian si la base legal del pacto provisional cerrado entre la UE y Rabat, a falta del visto bueno de la Eurocámara, solicitar a la parte marroquí la devolución de parte del pago, han explicado fuentes europeas.

La comisaria pidió a los gobiernos, representados ayer en Bruselas en un Consejo de Ministros de Pesca, su apoyo para un mandato claro con el que negociar un nuevo régimen pesquero con Marruecos, basado en el respeto del Derecho internacional, la pesca sostenible y la rentabilidad económica. Damanaki ha apelado a la 'unidad' del Consejo y ha pedido a los ministros evitar 'divisiones', en referencia a la tradicional oposición de países como Dinamarca, Reino Unido, Países Bajos y Suecia a un acuerdo pesquero con Marruecos muy defendido por España o Francia, máximos aliados de Rabat en Bruselas.