Carlos Dívar ha hecho oficial su dimisión como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, como consecuencia del escándalo de sus viajes de fin de semana a Marbella y otras ciudades sufragados con dinero de la institución. Dívar ya había anunciado su decisión el pasado sábado, tras comprobar que no contaba con el apoyo expreso de ningún vocal y que 14 de los 20 que forman el Pleno respaldaban su salida.

La consecuencia inmediata de esta decisión será su sustitución en el CGPJ por el vicepresidente Fernando de Rosa -el 'amigo íntimo de Camps' en palabras de Garzón- y por el presidente de Sala más antiguo en el Supremo, Juan Antonio Xiol.

La ocupación de ambas presidencias será interina, aunque varios vocales no descartan que esa provisionalidad acabe extendiéndose hasta el final del mandato del actual Consejo, previsto para otoño de 2013. El propio De Rosa cometió el ‘lapsus' el martes de hablar de que su 'mandato' como presidente no será interino, palabras que se apresuró a matizar a varios de sus colegas del Consejo ya que sonaban a un deseo de perpetuarse en su cargo. El vicepresidente, según fuentes del Consejo, ha dicho a esos compañeros que sólo quiso lanzar un mensaje de que su etapa será de seriedad y transparencia, eliminando cualquier carga negativa del término interinidad.

Es muy probable que la presidencia interina de De Rosa se prolongue Sin embargo, sea lo que sea lo que quiso decir De Rosa, es muy posible que su presidencia interina se prolongue. Vocales relevantes del Consejo entienden que lo ideal sería elegir un nuevo presidente del CGPJ y del Supremo en sustitución de Dívar. Pero para ello requieren una mayoría de dos tercios del Pleno de la institución, es decir, de 12 de los 20 vocales. PP y PSOE propusieron a 9 vocales cada uno, y CiU y PNV, a uno cada grupo. Además, los supuestos bloques progresista y conservador no han funcionado como tales en este mandato del Consejo, con notables fisuras dentro de ellos.

Esa división, y las suspicacias levantadas en todo el Consejo tras la denuncia del vocal José Manuel Gómez Benítez contra Dívar por el coste de los viajes llamados caribeños (es posible que a partir de mañana en el Caribe se conozcan este tipo de prácticas como viajes españoles), hace que varios vocales consideren imposible llegar a un acuerdo sobre un nombre.

Pese a ello han empezado a dialogar de forma oficiosa sobre candidatos. La vocal Margarita Robles, de la asociación progresista Jueces para la Democracia, y a la que se atribuye un papel destacado en la selección de candidatos para puestos del Supremo, aunque decreciente desde la llegada del PP al Gobierno, dijo en Radio Euskadi que esperaba que ningún político, del Gobierno o de la oposición, tuviese la más mínima tentación de hacer sugerencias de nombres para presidir el CGPJ.

Una decisión completamente independiente como la que pretende Robles por parte del Pleno, a quien corresponde el nombramiento, sería una novedad, ya que, sin ir más lejos, el nombramiento de Dívar fue anunciado a los medios de comunicación como consecuencia de un pacto del entonces presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy antes de que lo conociesen los vocales, que debían votarlo.

De momento, las quinielas periodísticas barajan varios candidatos sobresaliendo el perfil de magistrado del Supremo próximo a la jubilación sin ambiciones personales, aunque ese criterio tampoco es compartido por todos, que lo consideran 'poner a alguien por poner en alguien', en palabras de un vocal. Carlos Granados, Ricardo Enríquez, Rafael Fernández Montalvo, Jesús Corbal, José Manuel Sieira o el mismo Xiol, son algunos de los nombres mencionados hasta ahora.

En el acto de conmemoración del Bicentenario del Supremo celebrado en Cadiz, Juan Antonio Xiol, que sustituyó a Dívar, destacó que 'la abrumadora mayoría' de jueces y magistrados son austeros y honestos, por lo que reclamó confianza en su función y en el papel del Derecho como instrumento de conformación de la organización social. Rechazó que su poder sea político ni que esté basado en la fuerza ni en la riqueza, sino en 'la densidad ética y en la autoridad del Derecho'.