La ciudad de Coslada, a 14 kilómetros de Madrid, se despertó ayer conmocionada. El oficial jefe de la Policía Local, Ginés Jiménez Buendía, y otros 25 agentes de este cuerpo de seguridad, fueron detenidos como supuestos miembros de una trama mafiosa que extorsionaba presuntamente a propietarios de bares de copas, comercios y prostitutas de la ciudad.

La Operación Bloque, coordinada por el Cuerpo Nacional de Policía, comenzó a desarrollarse a primera hora de ayer y continúa abierta. A las ocho de la mañana, se iniciaron los registros en los domicilios de los agentes implicados en esta red mafiosa. También se inspeccionó la comisaría de la Policía Local y otras dependencias municipales. Unas 200 personas se concentraron ante la sede policial, donde se vivieron momentos de cierta tensión.

Fuentes de la investigación, que aún está bajo secreto de sumario, confirmaron ayer que “los únicos implicados” en este caso son “exclusivamente” agentes de la Policía Local de Coslada. La trama de corrupción no afecta, en principio, a miembros de la corporación municipal ni a ningún otro empleado del Ayuntamiento.

Las pesquisas arrancaron hace meses, cuando se siguió la pista de una mafia de origen rumano relacionada con la prostitución. Fue entonces cuando la Policía descubrió la vinculación de estos delincuentes con varios agentes locales de Coslada. Tras varias semanas de seguimiento, el juez autorizó ayer la intervención. Sobre los arrestados también pesa una posible acusación por cohecho, robos, amenazas, tráfico de drogas y delitos contra la libertad sexual. Todos ellos permanecerán retenidos en dependencias policiales hasta el próximo lunes, cuando pasarán a disposición judicial.

Los detenidos actuaban como una verdadera banda mafiosa, a cuyo cargo se encontraba el oficial jefe de la Policía Local, Ginés Jiménez. La noticia cayó en Coslada como un “auténtico bombazo”, tal y como reconoció ayer el concejal de Seguridad, Antonio Murillo.

Durante una tensa rueda de prensa, Murillo recalcó en varias ocasiones que en el Ayuntamiento “no consta ninguna denuncia” contra los sospechosos. Aclaró, no obstante, que al consistorio “habían llegado muchas quejas” de los vecinos y “sí había rumores”, “pero nada más”. “Es verdad que muchas actas de inspección se realizaban de forma poco objetiva, y que la Policía Local no tiene capacidad ejecutiva para abrir y cerrar establecimientos”, relató Antonio Murillo. “Pero insisto: no nos constaba denuncia alguna”, remachó.

Reorganizar el cuerpo

Tras conocer los hechos, el concejal se reunió de urgencia con otros responsables municipales para reorganizar el cuerpo policial, ya que una quinta parte de la plantilla está, por el momento, detenida. En cualquier caso, defendió a la institución policial y se mostró convencido de que, finalmente, el número real de agentes imputados quedará “en torno a 11 personas”. Cuando haya una decisión judicial, los agentes imputados serán suspendidos de empleo y sueldo. 

También se mostró muy “sorprendido” el alcalde, Ángel Vivero (PSOE). El edil pidió “calma” y “confianza” con la Justicia, y prometió “colaboración máxima”. El Gobierno de la Comunidad de Madrid calificó el caso como “muy preocupante” y ya ha anunciado que se personará en las actuaciones judiciales para aclarar lo sucedido.