Agentes de la Policía Nacional han detenido esta mañana al director de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Ángel Matías, y a dos personas más tras realizar tres registros por orden del juzgado instructor del caso de supuesta corrupción Mar Blau, según han informado fuentes de la investigación.

La operación es parte de la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción 8 de Palma en el llamado caso Mar Blau, sobre supuestas irregularidades en torno a la adjudicación en 2008 de dos concursos para gestionar amarres en Mahón e Ibiza por parte de la Autoridad Portuaria de las islas.

El titular del juzgado, Antoni Rotger, ha ordenado esta mañana los tres registros, ninguno de ellos en la sede de la APB, y luego se ha procedido a la detención de Matías y de otras dos personas, imputados de los delitos de malversación de caudales público, fraude a la Administración y cohecho.

Uno de estos dos detenidos es un hombre que responde a las siglas de J.L.C.E.

Los detenidos están imputados por los delitos de malversación de caudales público, fraude a la Administración y cohecho

Al menos Matías y el detenido J.L.C.E. permanecen en estos momentos en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Palma en espera de prestar declaración ante la policía y pasar, en su caso, a disposición del juez.

La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones a lo largo de hoy o de los días sucesivos, han indicado las mismas fuentes.

Ángel Matías ya está imputado en este caso de supuesta corrupción, en el que también figuran imputados, entre otros, el presidente de la APB, Francesc Triay; el expresidente de esta institución Joan Verger; el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el exsocio de este, Gonzalo Pascual.

Matías, cuyo despacho de la sede de la APB en Palma fue registrado el pasado diciembre, cuando se puso en marcha la operación Mar Blau, ya declaró entonces ante la policía.

En este caso de supuesta corrupción se indaga si se produjo un trato de favor por parte de directivos de la APB hacia la empresa Trapsayates, que era propiedad de Díaz Ferrán y que resultó adjudicataria de los dos concursos investigados de concesión de amarres en Mahón y en Ibiza.