En los años treinta del siglo pasado la Generalitat de Catalunya se declaró en rebeldía frente a la sentencia que sobre la reforma agraria emitió el Tribunal de Garantías Constitucionales, provocando un virulento enfrentamiento político que influyó notablemente en el devenir de la II República.

Aunque las circunstancias históricas y la madurez democrática alcanzada por España no permiten una equiparación de riesgos, al igual que ahora ocurre con el Tribunal Constitucional, el órgano que fue su precursor también había sido previamente debilitado a causa de su utilización como campo de batalla partidista.

La historia de España avisa así de que el menoscabo de las instituciones alimenta la insumisión política y de que ésta, cuando encuentra respaldo social, es más poderosa que la ley, porque aun cuando no alcance sus objetivos tiene una fuerza incontrolable para desmontar cualquier andamiaje.

Siendo el Tribunal Constitucional la clave de bóveda en la que descansa toda la arquitectura constitucional, la peor noticia para la Carta Magna en su 30 aniversario es que aquél esté, como está, demediado y desprestigiado para cumplir su función de arbitraje entre los distintos poderes del Estado y entre estos y los ciudadanos, pues tal deterioro socava por la vía de la omnipotente opinión pública el artículo 164.1 de la Constitución, en el que se determina que sus sentencias 'tienen plenos efectos frente a todos'.

El descrédito del Tribunal Constitucional es el mayor ataque que cabe contra el Estado constitucional y la propia Carta de la que dimana por voluntad popular. Pero quienes más debieran tener en cuenta la historia para no repetir errores parecen ser los más empecinados en ignorarla.

El Tribunal de Garantías Constitucionales estaba formado por un presidente elegido por las Cortes, dos miembros del Congreso de los Diputados, los presidentes del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado, un representante de cada una de las regiones, dos miembros de los Colegios de Abogados y cuatro vocales por las Facultades de Derecho. El vigente está integrado por 'juristas de reconocida competencia', de los que cuatro son elegidos por el Congreso, cuatro por el Senado -a través del que ahora se intenta dar entrada a representantes de las Comunidades Autónomas-, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, eligiéndose de entre ellos a su presidente.

Siendo discutible la composición, en ambos casos, la pérdida de autoridad no proviene de esta, sino de su utilización como arma arrojadiza.

A pesar del fatal antecedente de lo ocurrido durante la II República, el PP no tuvo reparo en lanzar en la legislatura pasada una ofensiva total para tomar al asalto la caseta del árbitro y buscar en los despachos la revancha de su derrota en el campo de juego de las elecciones, ni ha tenido el PSOE reparo en jugar en ese terreno enfangado.

Tampoco lo están teniendo los partidos catalanistas, que se han conjurado para esparcir la amenaza de que una sentencia contraria en aspectos fundamentales del texto supondría una declaración de guerra política, con la advertencia final de que 'no se puede gobernar España en contra de Catalunya'. Entre todos lo mataron y él solito se murió.

Ese Tribunal menguado y desacreditado, sometido al desgaste de las mareas políticas y el manoseo partidista, es el que resolverá sobre el Estatut de Catalunya y su fallo, sea el que sea, tendrá un impacto que alcanzará al conjunto del Estado de las Autonomías.

La derecha ha bloqueado su renovación sin ocultar su expectativa de que tal como está -con cuatro miembros que han rebasado su mandato legal y una vacante por fallecimiento- el Estatut no pase y el PSOE tampoco disimula su deseo de que sea repodado antes de pasar.

El Gobierno querría que, ya que no puede ser antes, la sentencia llegara en enero, a tiempo aún de encauzar algunos aspectos de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, pero la impresión más extendida es que no se conocerá antes de marzo. A favor de esta previsión opera el dato de será en este mes cuando que la ponente principal, Elisa Pérez Vera, empiece a redactar la sentencia.

En esta fase crucial, arrecian las presiones sobre el Tribunal. Jordi Pujol, que sigue moviendo los hilos en CiU, alienta la posibilidad de convocar un referéndum sobre el texto que aprobó el Parlament en 2005, imitando el ejemplo de Lluís Companys, que respondió a la desautorización del Tribunal de Garantías Constitucionales volviendo a llevar a la Cámara autonómica el proyecto invalidado, sin cambiar siquiera las comas.

La pretensión de que sea la Constitución la que se adapte al Estatut choca contra el sentido común, el más abundante y mejor repartido si se considera que es el único bien del que nadie ambiciona tener más, como concluyó Descartes.

Una parte del todo no puede ser soberana para modificar unilateralmente el conjunto, pero tampoco el todo puede permanecer insensible a los requerimientos de sus partes si quiere preservar su integridad.

El sentido común aconseja que cuando un cuerpo se ha desarrollado es mejor cambiar de ropa que esperar a que revienten las costuras. Por eso resulta más incomprensible, y políticamente imprudente, que hasta las limitadas cuatro reformas de la Constitución planteadas por el presidente Zapatero sean objeto de discordia partidista y que las 382 páginas del informe elaborado al respecto por el Consejo de Estado duerman en un cajón desde febrero de 2006.

A la vista de todo lo antedicho, la reforma del Senado resulta más perentoria para que las Comunidades Autónomas dispongan de un auténtico foro de integración en la articulación institucional de un Estado que, por más anteojeras que se pongan, es en su realidad esencialmente federal.

Como dejó advertido Montaigne: 'La mayoría de los motivos de perturbación en el mundo son gramaticales'.