De "chorizos" y "amigos del alma"

La dirección del PSOE ha tirado de ironía para preguntar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si sigue queriendo un Ejecutivo como el de Jaume Matas. La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha recordado que fue el propio Rajoy quien, desde la oposición, dijo que quería presidir un Gobierno para España igual al de Matas en Baleares.

La portavoz socialista se ha mostrado "absolutamente resputuosa" con el procedimiento judicial, en el que el PSOE no está personado, y ha dado a entender con ello que no hará petición alguna a la Fiscalía para que solicite a su vez la ejecución de la sentencia.

La portavoz del grupo parlamentario del PP, Mabel Cabrer, ha recalcado que es un proceso judicial "todavía abierto", por lo que ha reclamado "el máximo respeto por la segunda fase que ahora se inicia ante los posibles recursos que seguramente se anunciarán por las partes que consideran que no se ajustaba la sentencia".

Para Cayo Lara, coordinador general de IU, es "una buena noticia para la democracia, la justicia y la lucha contra la corrupción" porque constata que "algún chorizo que otro va entrando donde tendría que haber entrado hace ya mucho tiempo".

El portavoz de IU-ICV-CHA, Joan Josep Nuet, se ha preguntado si Matas "aún es amigo del alma de Rajoy", ya que juntos "pasaban buenos veranos de vacaciones", por lo que ha emplazado al presidente del Gobierno a hacer una declaración.

El 'número dos' de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, considera que la condena demuestra no sólo la "inmoralidad política" del mandatario del PP, sino que además refleja lo fácil que es la corrupción en España por la opacidad de la actividad pública. La condena, ha dicho, se debe  a las "pésimas cualidad políticas" del expresidente balear, a su "inmoralidad" y a que "en España la corrupción es facilísima y está perdonada por la opacidad de la actividad política".

El diputado de ERC Joan Tardà ha sido más contundente a la hora de valorar la sentencia: "Quien la hace, la paga". A su juicio, si una persona es condenada después de un juicio celebrado "con todas las garantías procesales", solo cabe "alegrarse de que el Estado funcione".