El Ayuntamiento de Madrid ha remitido esta semana a la Delegación de Gobierno un escrito en el que rechaza la paralización de actuaciones de mejora de instalaciones e infraestructuras aprobadas en el Pleno, al considerar que el requerimiento de anulación que formuló el departamento que dirige Concepción Dancausa "no se ajusta a derecho".

Según indica el Consistorio en un comunicado, se trata de un requerimiento de anulación sobre el acuerdo plenario que dio luz verde a suplemento de crédito y créditos extraordinarios por valor de 230 millones de euros, así como otros 72 millones fueron aprobados en el Pleno de julio.

El Consistorio relata que estas cantidades proceden del superávit acumulado por el Ayuntamiento en 2016 y han sido destinadas a financiar actuaciones presupuestarias en todos los distritos de la ciudad.

En total, se tratan de 577 actuaciones en distritos que comprenden medidas como la instalación de desfibriladores en los mercados de Madrid, la compra de autobuses, la operación asfalto, la replantación y cuidado del arbolado, las obras de restauración de las Murallas de Madrid o el templo de Debod, las mejoras en 93 colegios públicos, el acondicionamiento de instalaciones deportivas, centros culturales y de mayores o cementerios, entre otras.

El Consistorio explica que el 43% de las actuaciones están tramitadas ya y algunas incluso se han finalizado por lo que sería "legalmente inviable proceder a su paralización".

Tras las decisiones del Pleno, la Delegación de Gobierno envió dos requerimientos al Consistorio reclamando que se paralizaran esos acuerdos. Se remitían a la inmovilización presupuestaria de 238 millones de euros reclamada por el Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento por incumplimiento de la regla de gasto.

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, en los actos del 12 de octubre de 2015. EFE

Esta semana el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, en nombre del Ayuntamiento de Madrid, ha enviado una carta de respuesta al primer requerimiento de la Delegación de Gobierno.

En su misiva, aclara que los acuerdos de no disponibilidad relativos al incumplimiento de la regla de gasto "ya fueron adoptados y siguen vigentes en su totalidad". Los créditos adicionales adoptados en los plenos de junio y julio tienen "una fuente de financiación diferente", por lo que la argumentación de Delegación de Gobierno "no se ajusta a Derecho", expone en su carta el edil.

El escrito rechaza el requerimiento al no haberse "tenido en consideración la normativa financiera y presupuestaria que ampara las modificaciones presupuestarias aprobadas". Existe una "habilitación legal expresa para poder incorporar el superávit presupuestario del ejercicio anterior", subraya la carta.

También se explica que la aprobación de suplementos de crédito con cargo al superávit del año anterior y el destino de los mismos está regulada por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (disposición adicional sexta) y por Ley de Haciendas Locales (disposición adicional decimosexta).

Argumenta así que los Presupuestos Generales del Estado aprobados el pasado 29 de junio dan cobertura legal a las modificaciones de crédito aprobadas en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

"No hay motivo para paralizar las actuaciones"

En declaraciones remitidas a los medios, Sánchez Mato ha afirmado que tras el examen de los servicios jurídicos municipales al requerimiento de Delegación "no hay razón ni motivo alguno" para paralizar las 577 actuaciones "de mejora de la ciudad de Madrid".

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato. E.P.

El delegado de Economía y Hacienda expone que se tratan de actuaciones "prioritarias" que, en muchos casos, han sido "pedidas y exigidas" en plenos distritales o en el propio Pleno del Ayuntamiento de Madrid "por el propio PP, que haciendo caso omiso de esa posición ahora plantea su anulación".

"Defendemos que la actuación del Ayuntamiento de Madrid y del equipo de Gobierno es absolutamente ajustada a la ley y a la norma y que es lo que Madrid necesita", ha subrayado Sánchez Mato para recalcar que existe posibilidad dentro del marco legal existente de "actuar sin dañar las políticas públicas".

Al respecto, detalla que cuando fueron requeridos por parte del Ministerio de Hacienda para inmovilizar 238 millones de euros, el equipo de Gobierno lo hizo en los plazos fijados, si bien el Ayuntamiento consideró que había "alternativas" para evitar que esta medida supusieran un "deterioro" de las políticas públicas.

En concreto, se refiere a la disposición de créditos extraordinarios en base al remanente del ejercicio anterior, medida contemplada y avalada por la Ley de Presupuestos. Por tanto, el delegado entiende que el Ayuntamiento ha actuado conforme a la norma legal para dar respuesta a las necesidades de los vecinos.

El Gobierno quiere "provocar recortes sociales"

El PSOE ha acusado a Delegación del Gobierno de "no perseguir la estabilidad presupuestaria sino provocar recortes sociales" con los requerimientos planteados al Ayuntamiento de la capital para que anule acuerdos plenarios que sirven para financiar obras en la capital.

"La interpretación que hace el Gobierno de la regla de gasto no es una garantía de estabilidad presupuestaria sino un lastre para el desarrollo y el crecimiento económico que garantice una salida efectiva y sostenible de la crisis", ha censurado la concejala socialista Erika Rodríguez.

El PSOE tilda de "incoherente" la actitud del Gobierno central y del PP, que reclaman por una parte "eficiencia en el gasto público" y por otra ponen "todo tipo de obstáculos para el aprovechamiento de los recursos presupuestarios". "El PP votó a favor de algunos de estos acuerdos en el Pleno. Deben muchas explicaciones a los ciudadanos", ha subrayado la edil socialista para recalcar que su grupo "rechazará con todos los medios a su alcance" la imposición de medidas "injustas y desproporcionadas" que obliguen a efectuar "recortes sociales".

Entiende además que estos requerimientos son "una más de toda una serie de medidas inaudita" que buscan desestabilizar un Ayuntamiento que ha demostrado un mejor comportamiento en materia de estabilidad presupuestaria que el propio Gobierno Central o la Comunidad de Madrid, ambas gobernadas por el PP". Para Erika Rodríguez estamos ante una "presión política intolerable".