El juez Baltasar Garzón quedó ayer apartado de la Audiencia Nacional. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo suspendió cautelarmente, por unanimidad, de sus funciones tras la decisión del magistrado Luciano Varela de sentarlo en el banquillo por haber abierto la primera causa penal por los crímenes del franquismo. Por la tarde, la comisión permanente, reunida con carácter extraordinario, acordó, también por unanimidad, aplazar su decisión sobre el permiso solicitado por el juez para trabajar como consultor externo de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

El acuerdo de la permanente, que se conoció prácticamente a la vez que Garzón recibió la notificación oficial de que había sido suspendido, causó un gran malestar entre los vocales considerados progresistas. Cuatro de los cinco miembros de esta comisión, el presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Dívar, y los vocales Margarita Robles, Manuel Almenar y Almudena Lastra, se mostraron por la mañana a favor de la concesión de la situación de servicios especiales solicitada por el juez, pese a que ya estuviera suspendido. No veían problema.

El Poder Judicial adoptó por unanimidad la suspensión del juez

Por eso, que la permanente decidiera por la tarde solicitar cinco informes, fue recibido con 'indignación' por parte de los vocales progresistas, que vieron en el acuerdo una forma de 'humillar' al juez de la Audiencia Nacional. Los informes solicitados se dirigen a la Fiscalía de la CPI, que ha invitado a Garzón, para que exprese si 'ratifica el ofrecimiento de un contrato tras la suspensión' y si 'lleva implícita algún género de inmunidad procesal'. También tendrán que informar la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Secretaría General del Consejo y la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo, que tiene que precisar si sobre Garzón pesa alguna prohibición de salir de España, una medida a la que sin duda se le habría dado publicidad.

Fuentes del Consejo señalaron que los despachos habían sido cursados ya a las 20.30 horas de ayer, por lo que la permanente podría volver a reunirse el lunes o el martes. Según dichas fuentes, Robles era ya partidaria de celebrar la reunión el martes y no con carácter extraordinario. Pero a la vista de lo ocurrido ayer, los vocales progresistas no se fían.

Dívar apoyó por la mañana el permiso y por la tarde votó por pedir informes

La concesión del permiso estuvo a punto de ser abordada en el pleno, pero la objeción de las vocales conservadoras Gemma Gallego y Concepción Espejel, que alegaron no conocer los informes sobre el traslado de Garzón, frustró la propuesta de la mayoría de los vocales. Se pensó, incluso, en suspender la reunión durante una hora para que lo estudiaran, pero finalmente se aplicó la norma de que no se pueden tratar asuntos que no están en el orden del día si no están de acuerdo todos los vocales.

Fue el propio Dívar el que zanjó la cuestión convocando una reunión de la comisión permanente por la tarde. Como al menos cuatro de sus miembros manifestaron su disposición a votar a favor de la concesión de los servicios especiales a Garzón, los vocales progresistas creían garantizada una solución que habría sido mucho menos hiriente para el involuntario protagonista de la jornada.

Tras quedar apartado a petición propia el vocal José Manuel Gómez Benítez, porque fue abogado de Garzón, y rechazarse la recusación de Gemma Gallego, Dívar y los 17 vocales presentes votaron a favor de suspender al juez. No participaron en el pleno ni el vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, ni Robles, que se abstuvieron tras ser recusados.

La permanente llegóa preguntar al TS si Garzón puede salir de España

La suspensión se ha adoptado en aplicación de los artículos 383.1 y 384 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prevén esta medida 'cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder' contra un juez 'por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones'. A Garzón se lo acusa de prevaricación por haber abierto una causa penal por los crímenes franquistas sin ser competente para ello. El otro artículo explica que la suspensión cautelar se prolongará hasta que sea absuelto o termine de cumplir la condena que se le imponga.

De nada sirvió el último cartucho quemado por Garzón: ayer mismo pidió al Supremo que anule el auto de apertura de juicio oral, porque se basa en un escrito de acusación de Manos Limpias que también debería ser anulado por ser ineficaz para acusar a alguien.

Con indignación, muchas lágrimas contenidas y algunas derramadas, jueces, fiscales, abogados, funcionarios y víctimas del franquismo despidieron ayer a Baltasar Garzón a las puertas de la Audiencia Nacional.

En la zona se palpaba desde primera hora de la mañana que se iba a producir un hecho histórico. El propio Garzón era consciente, ya que cuando antes de las 8 llegó a su despacho del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde ha trabajado desde hace más de 22 años, comenzó a escribir el denominado alarde, un escrito resumen de las principales actuaciones del juzgado, dirigido a orientar el trabajo de su futuro sucesor.

A tan sólo 200 metros de allí, a las puertas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se agolpaban ya periodistas y un inusual despliegue de seguridad. El pleno se reunió a las 11, y dos horas después ya había decidido suspender al magistrado.

Centrado en la Pretoria

En la Audiencia transcurría la mañana con aparente normalidad. Garzón se encontraba tomando declaración al empresario Josep Singla, uno de los imputados en la operación Pretoria, cuando, sobre las 13.15 horas, recibió la llamada del secretario del CGPJ Celso Rodríguez, que le comunicó la decisión del pleno del máximo órgano de los jueces.

El propio Singla declaró posteriormente que Garzón no parecía ni nervioso ni afectado por el fallo del CGPJ. 'Daba la sensación de que le habían dado una buena noticia', afirmó. Pero a medida que pasaron las horas, las numerosas muestras de apoyo hicieron mella en el estado de ánimo del juez. Cuando abandonó la Audiencia estaba visiblemente emocionado.

 Intensa ovación

Poco antes habían pasado por su despacho magistrados como Ismael Moreno, Santiago Pedraz, Fernando Andreu o Clara Bayarri. También fiscales como Pedro Martínez Torrijos o Vicente GonzálezMota, que le transmitieron su apoyo. Antes de las 2 de la tarde, todos los funcionarios del juzgado que hasta ayer dirigía Garzón bajaron a la escalinata de la entrada de magistrados de la Audiencia a esperar su salida. Y un minuto antes de las 14.00 horas, el juez traspasó junto a su mujer, Rosario Molina, la puerta de la instancia judicial.

Sus compañeros y las víctimas del franquismo que pulularon durante toda la mañana por los alrededores de la Audiencia estallaron en una intensa ovación que no cesó hasta que el coche de Garzón desapareció calle Génova abajo. Los rostros compungidos de estos últimos eran muestra de una enorme decepción, 'la de ver que el único juez que ha decidido investigar la dictadura es apartado de su cargo'. Todos ellos corearon con fuerza lemas como '¡Qué vergüenza de Justicia!' o 'Garzón, amigo, el pueblo está contigo'.

Una 'canallada', según Cristina Almeida

En un principio, Garzón hizo el amago de entrar directamente a su vehículo. Pero, ante las muestras de afecto, no pudo evitar abrazar a los compañeros que lo esperaron en la escalinata.Entre otros, los magistrados y fiscales que ya habían pasado por su despacho, algunos de ellos con lágrimas en los ojos. También estaba lafiscal Dolores Delgado muy emocionada.

El coche de Garzón hizo una segunda parada tras la valla de seguridad de la Audiencia. El juez quiso abrazar a la ex diputada Cristina Almeida, que durante toda la mañana insistió en que la suspensión del magistrado era una 'canallada'. Cuando Garzón ya se había ido, la rabia dominó a las víctimas de la dictadura. 'Franco ha resucitado', lamentaron.