El director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid y su predecesor, Manuel Tuero y Ramón Sánchez López de Luzuriaga respectivamente, confirmaron el miércoles como testigos ante el juez del caso Guateque dos hechos incómodos para el gobierno de Gallardón: que algunos concejales y gerentes de distrito “se interesaban” por ciertas licencias en tramitación para que se agilizaran; y que algunos informes técnicos no constan en los expedientes, es decir, en los dossieres que deben contener la ruta seguida por cualquier solicitud de licencia.

Ambos se esforzaron por despojar de sospecha la intervención de concejales y gerentes, sin precisar nombres. Mediaban, argumentaron, ante la situación de colapso y para acelerar licencias relativas a proyectos de interés social. Algunos de los expedientes que investiga el juez SantiagoTorres constatan que al menos siete ediles ordenaron acelerar licencias de nulo interé s social. Por ejemplo, para un gimnasio, una heladería, un restaurante o un salón recreativo.

Según fuentes jurídicas, Tuero admitió que  los informes técnicos encargados [desde 2006] a la empresa pública Tragsatec con el objetivo confeso de paliar el colapso no se incorporaban a los expedientes.  Esa ausencia dificulta, por tanto, la tarea de verificar si los funcionarios –30 de ellos están imputados por presunto cohecho a cambio de remover obstáculos para las licencias– seguían las recomendaciones de Tragsatec a la hora de informar cualquier proyecto sujeto a evaluación ambiental. Tuero dijo que supone que los “trabajos materiales” de Tragsatec quedaban archivados en la empresa. Supone también  que de ellos queda constancia en los servicios municipales.

Tuero contó que cuando en junio de 2007 llegó a la dirección general, cinco meses antes de que estallara el caso y cuando el juez ya investigaba, el atasco era total.  Modificó el sistema de tramitación y, a partir de entonces, todos los informes llevaron la firma de funcionarios seguida de la suya. Su antecesor, Ramón Sánchez, hoy director general de Obras, sí había firmado informes en solitario, práctica poco común en la Administración. En uno de ellos avaló una solicitud para transformar en bar-restaurante un salón de banquetes de Tirso de Molina.

Meses antes, él mismo se había opuesto a la pretensión inicial de los dueños del local para convertirlo en sala de fiestas, negocio vetado en la zona. Sin presentar nuevo proyecto, los propietarios pidieron el cambio de uso para bar-restaurante, y Sánchez accedió pese a que la causa de denegación -el ruido- persistía, como él mismo se encargó de consignar. Según fuentes jurídicas municipales, sustentó su cambio de criterio en un informe de Tragsatec  del que, según el PSOE, no hay rastro.

La negativa de la Consejería de Justicia de Madrid a  facilitar fondos a los peritos judiciales que investigan el patrimonio de los imputados en el caso Guateque ha desatado el malestar en el juzgado número 32 de Madrid, que instruye las diligencias.

El miércoles, fuentes próximas al juez Santiago Torres advirtieron de que la Comunidad de Madrid “debe cumplir con su deber” y facilitar los fondos necesarios para que los peritos designados por el Juzgado puedan realizar la auditoría económica y patrimonial de los imputados. Las mismas fuentes subrayaron que si los peritos no reciben provisión de fondos tienen la potestad de renunciar a su encomienda. De cumplirse esa hipótesis, se crearía “un problema” para la investigación del caso, sostiene el entorno de Torres. El pasado 22 de noviembre el juez envió un oficio a la Consejería de Justicia, que dirige Alfredo Prada, donde solicitaba que se proveyera “lo necesario para que se libren los fondos y honorarios que resulten precisos a fin de que puedan desarrollar la prueba pericial de auditoría económica y patrimonial acordada” en el procedimiento, informa la agencia Efe.

Según fuentes de la Consejería de Justicia citadas por la misma agencia de noticias, la subdirectora general de Política Interior y de Régimen Económico envió al Juzgado un informe para informar de que la Comunidad no puede adelantar los fondos hasta que no haya una resolución firme que fije las costas procesales