Casas asume la ponencia del Estatut tras el fracaso conservador

El vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC), Guillermo Jiménez, renunció ayer a la ponencia del Estatut de Catalunya, al comprender que su propuesta de resolución no había conseguido concitar el acuerdo suficiente para convertirse en sentencia. Ni siquiera hizo falta una votación prospectiva, como la realizada el pasado 16 de abril. Tras la renuncia, la ponencia pasó a manos de la presidenta del alto tribunal, María Emilia Casas, que se comprometió a redactar una nueva propuesta de resolución "a la mayor brevedad posible".

El borrador de Jiménez, el sexto con el que se intentaba redactar la sentencia del Estatut, era más duro que el último de Elisa Pérez Vera, que declaraba inconstitucionales 15 artículos e interpretaba otros 24, del total de 112 y 12 disposiciones que impugnó el PP en su recurso. Para salir adelante necesitaba el apoyo de los cinco magistrados conservadores y de Manuel Aragón, nombrado a propuesta del Gobierno, pero que se alineó con los anteriores para rechazar el texto de la anterior ponente.

El borrador de Jiménez no logra el apoyo de sus más afines

Como adelantó Público ayer, la propuesta de Jiménez no tenía el respaldo suficiente para salir adelante y este cedió el testigo de la ponencia a la presidenta, María Emilia Casas. Fuentes próximas al alto tribunal señalaron que ni siquiera el bloque que formaba con Aragón y Ramón Rodríguez Arribas, este último del ala conservadora, le apoyaba en su totalidad. Ese grupo, al que se pudo ver junto en la pasada Feria de Abril, se configuró durante las deliberaciones en torno al Estatut y se atribuía a sus tres miembros una posición intermedia entre los más proclives y los más contrarios al texto catalán.

El borrador del hasta ayer ponente tampoco convencía a todos los magistrados considerados más contrarios al Estatut. Se trata de Vicente Conde, Javier Delgado y Jorge Rodríguez-Zapata. Delgado era partidario de declarar inconstitucionales la mitad de los artículos recurridos por el PP.

En el TC confían en sentenciar antes de las elecciones catalanas

Pese a la tensión que se ha vivido en el pleno, la solución elegida era la más lógica. El Constitucional no podía permitirse el lujo de retrasar más una sentencia que se espera desde hace casi cuatro años. Jiménez recibió la ponencia como representante del grupo mayoritario, el que se oponía a las propuestas de Pérez Vera, pero sabía que no tenía tanto tiempo como ella. Si los más conservadores tampoco podían hacer la sentencia, como al final ha ocurrido, la ponencia debía pasar a manos de la presidenta.

Como Casas, cuando Jiménez asumió la ponencia el pasado 16 de abril, también asumió el encargo de resolverlo "a la mayor brevedad posible". El vicepresidente disponía de 15 días para redactar una nueva propuesta de resolución capaz de concitar más apoyo que el quinto borrador presentado por su antecesora, Elisa Pérez Vera, que fue rechazado por seis votos frente a cuatro.

Sin embargo, aunque Jiménez no ha perdido el tiempo, ha necesitado un mes para presentar una nueva propuesta a la consideración de los otros nueve magistrados que componen el pleno, en el que no participa el recusado por el PP Pablo Pérez Tremps y que cuenta con la vacante que produjo el fallecimiento del magistrado Roberto García-Calvo, en mayo de 2008.

De ahí que sea previsible que ese sea, al menos, el tiempo que necesite la nueva ponente para presentar un nuevo texto, en este último intento de redactar la sentencia sin necesidad de realizar votaciones precepto a precepto que han promovido cuatro magistrados del sector conservador en varios escritos.

Una fórmula descartada de momento por la complicación que supone redactar una resolución que recoja las distintas mayorías que concite cada precepto impugnado en el recurso.

Como el método utilizado por Jiménez, consistente en entregar tres fallos a los magistrados más conservadores del alto tribunal y, con ese punto de partida, redactar un nuevo borrador de resolución, no ha tenido éxito, se presume que Casas optará por otro método.

Su objetivo pasa porque Manuel Aragón vuelva a alinearse con las tesis de los magistrados más partidarios del Estatut de Catalunya, como se preveía que ocurriera en vísperas de Semana Santa. Con su voto, el de Casas y los de los magistrados progresistas Elisa Pérez Vera, Eugeni Gay y Pascual Sala, la sentencia podría salir adelante con el voto de calidad de la presidenta.

En el Tribunal Constitucional se confía en poder dictar sentencia antes de las próximas elecciones catalanas previstas para otoño. Aunque no existe una norma escrita, nunca se dictan estas resoluciones en periodo electoral, aunque los comicios aún no están convocados.