“Quedan uno o dos escaloncitos y entonces esta cuestión tan extraña, tan absurda y tan estrafalaria habrá pasado”. Cuando Francisco Camps hizo este pronóstico, el 7 de julio de 2009, ya estaba imputado en el caso Gürtel desde hacía cuatro meses. Además, no hacía ni 24 horas que un juez había hallado “indicios racionales de delito” en su comportamiento, y así lo había dejado escrito en un auto judicial. Pero el entonces presidente valenciano se sentía tan poderoso que no podía ni quería imaginar lo equivocado que estaba al exhibir tanto optimismo. Hoy, dos años y medio después, ha podido comprobar que esos “escaloncitos” eran, más bien, una inexorable cuesta abajo que ha terminado por llevarlo hasta su dimisión y el banquillo.

Francisco Camps se sentará mañana ante Juan Climent, magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), y un jurado formado por nueve ciudadanos. Está acusado de un delito continuado de cohecho pasivo impropio y se expone a una pena máxima de 49.500 euros de multa. Según describe el sumario judicial, Camps aceptó regalos de la trama Gürtel, cuya cabeza visible es Francisco Correa, ahora en prisión preventiva. Esta red de empresas está siendo investigada en otros procesos judiciales por, presuntamente, ganarse el favor de políticos del PP a cambio de la obtención de contratos públicos.

Dos de los imputados en el caso ya se han declarado culpables 

En concreto, a Camps se le acusa de aceptar de la trama en torno a 14.000 euros en ropa entre 2005 y 2008. El instructor del caso, José Flors, describe en sus autos cuál era la presunta rutina delictiva del expresident. Periódicamente, narra el juez, el expresident acudía a dos tiendas de ropa en Madrid, o bien era el sastre de los establecimientos el que se desplazaba a Valencia para tomarle las medidas. Según los indicios manejados por el juez, Camps se llevaba la ropa, pero no la pagaba. Los empleados de las tiendas anotaban el importe de las prendas. Finalmente, el encargado de pagar era, presuntamente, uno de los empresarios de la trama Gürtel, Pablo Crespo, que hacía transferencias periódicas a las dos tiendas.

Por su parte, la defensa de Camps ha alegado una y otra vez que él pagó sus trajes. Para demostrarlo, encargó un estudio de la contabilidad de las tiendas con el que pretendía demostrar que las cuentas eran tan confusas que era imposible deducir de ellas que la trama pagó la ropa del expresident. Además, el letrado añadió que en el caso de haber recibido los regalos, no habría sido delito. La razón es que el Código Penal castiga los regalos cuando son a una autoridad o funcionario público. Y, según el letrado de Camps, los regalos pudieron ser por cualquier otro motivo, y no por la condición de presidente autonómico de su defendido.

El juez Flors aportó un caudal de indicios delictivos que tumbó estos argumentos de la defensa. Aportó 13 pruebas, entre las que estaban los tickets, recibos e inventarios de cuentas pendientes de pago en los que figuraba el nombre de Camps, las transferencias y los cheques hechos por la trama, o las declaraciones de los trabajadores de los establecimientos.

Camps presentó numerosos recursos con los que retrasó el procedimiento

También rebatió el argumento de que Camps pudo recibir la ropa por una razón distinta a la de su condición de máxima autoridad regional: “No es necesario razonar mucho –afirmó Flors en su auto del pasado 15 de julio– para entender que el hecho de poder contar con la complacencia y el favor nada menos que del presidente (...) puede ser de una influencia determinante en el ámbito de las relaciones que mantengan quienes hacen los obsequios con los órganos de la Administración autonómica”.

El juez recuerda en ese mismo auto que los presuntos autores de las dádivas recibieron cuantiosos contratos públicos en el mismo periodo en el que supuestamente agasajaron al president. Flors aporta la cantidad de 6.971.379 euros. No obstante, la opacidad del Gobierno valenciano en este asunto impide, de momento, conocer el monto total de los negocios que la trama hizo con la Administración presidida por Camps.

El juez también recuerda que las cuentas pudieron ser manipuladas para intentar que el expresident dejara de aparecer en ellas. Así lo narró el informático de las tiendas, que declaró ante Flors que el dueño de los establecimientos, Eduardo Hinojosa, le encargó que alterara los tickets en los que aparecía el nombre de Camps. Estos hechos, afirmó, tuvieron lugar en marzo de 2009, poco después de que el dirigente del PP Federico Trillo mantuviera una reunión con Hinojosa.

Además de los indicios delictivos, el expresident tiene en su contra otro elemento importante. Dos de los tres imputados en el caso que estaban destinados a compartir banquillo con él se declararon culpables el pasado julio. Fueron Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Conselleria de Turisme, y Víctor Campos, exvicepresident de la Generalitat. Los dos estaban acusados de los mismos delitos que Camps a raíz de las mismas pruebas. Y, tras su propia confesión, fueron declarados culpables y condenados al pago de multas. El hecho complica la defensa de Camps y del otro imputado que será juzgado, Ricardo Costa, el que fue secretario general del PP valenciano y mano derecha de Camps en el partido durante sus años de mandato.

El juicio que arrancará mañana durará al menos seis días. Por delante del juez pasará un centenar de personas, entre testigos y peritos. El sumario consta de 56 tomos y casi 19.000 folios. Las cifras son el reflejo de una instrucción larga y farragosa en la que el abogado de Camps ha presentado todos los recursos posibles, según fuentes conocedoras del caso. La consecuencia es que el proceso se estiró como un chicle, de forma que el juicio se celebra cuando ya han pasado las elecciones municipales, autonómicas y generales. Su previsible eco mediático no afectará, pues, a los intereses electorales del PP.

Tras este caso se investiga la presunta financiación ilegal del PP valenciano

Sin embargo, no sólo la actuación de la defensa de Camps alargó el proceso. También lo hicieron los recursos de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular, ejercida por el PSOE, que intentaron en repetidas ocasiones que Camps no sólo fuera juzgado por el caso de los trajes, sino también por las contrataciones presuntamente irregulares de la trama Gürtel bajo su mandato, así como por la presunta financiación ilegal de su partido a través de estas empresas. Finalmente, estos hechos también están siendo instruidos por el TSJCV en una causa separada, en la que Camps no está imputado. Sí lo están cinco altos cargos del PP valenciano, que fueron dirigentes de su confianza durante sus años en el poder.

Desde que estalló el caso Gürtel hasta que dimitió el pasado julio, el expresident eludió las preguntas de la prensa y de los partidos de la oposición sobre su situación judicial. En las pocas ocasiones en las que se ponía delante de un micrófono, contestaba con negaciones genéricas de su culpabilidad o, directamente, con un tema diferente al que se le preguntaba.

Camps también intentó presentar el proceso penal en el que estaba envuelto como un ataque al partido y a la institución que dirigía. Para ello, insinuaba que la instrucción era un montaje instigado por el PSOE para acabar con sus repetidos éxitos ante las urnas. Mañana, Camps declarará como acusado y habrá de ceñirse a aquello que se le pregunte. Si accede a responder, será la primera vez en la que los ciudadanos podrán oír de sus labios una explicación de lo sucedido.