La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) ha presentado una reclamación a la Defensora del Pueblo y la Fiscalía General del Estado, para solicitar la paralización de la aplicación de la tasa de un euro por receta, que se aplica en la Comunidad de Madrid desde el pasado martes.

La solicitud se basa en la 'ausencia de competencias' de la Comunidad para poder establecer una tasa sobre las recetas de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con varias leyes. El mismo escrito ya fue registrado el pasado 31 de diciembre en la sede del Ministerio de Sanidad.

La asociación advierte además de que las boticas madrileñas todavía no disponen de la infraestructura informática para contabilizar las nuevas recetas, hecho que demuestra, según el colectivo, 'el afán claramente recaudatorio' de la medida. 'Los enfermos crónicos, por ejemplo, superarán el tope establecido en el mes de marzo, pero no recuperarán el dinero exacto que les pertenece porque muchas recetas no estarán contabilizadas', denuncia el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FASDP), Marciano Sánchez Bayle. Los madrileños tendrán que pagar un euro por cada receta dispensada hasta un tope de 72 euros al año. A partir de esta cantidad, el usuario no tendrá que pagar.  

En su comunicado de prensa, la ADSP se refiere a los artículos 14, 139.1 y 149.1 de la Constitución Española; los artículos 3.2 y 10.14 de la Ley General de Sanidad; los artículos 4, 5, 16 y 30 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud; y el Real Decreto 1030/2006 por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

Además, la asociación también alude al dictamen del Consejo de Estado de 21 de junio de 2012, que a su criterio apreciaba signos de 'inconstitucionalidad de esta tasa que se aplica en Cataluña, así como la resolución del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012 acordando interponer recurso contra esta misma tasa en Catalunya'.

La ADSP de Madrid entiende que esta tasa, 'aparte de ser ilegal por invadir competencias exclusivas del estado, impide que el acceso a las prestaciones sanitarias, en este caso las farmacéuticas, se realicen en condiciones de igualdad efectiva, y supone una discriminación a los ciudadanos a los que se dispensa recetas de la prestación farmacéutica de la Seguridad Social en Madrid'.

La asociación ha indicado que los organismos a los que ha recurrido 'deberían de realizar de inmediato las acciones oportunas para paralizar la aplicación de esta tasa en Madrid, al menos hasta que se produzca la resolución del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional'. Además, llama a los ciudadanos madrileños a declararse objetores y no abonar el euro por receta. 

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Alberto García Romero, ha dicho que en las farmacias madrileñas hay 'mucha gente preguntando' esta mañana sobre el cobro del euro por receta, que entró en vigor ayer, aunque 'todavía la incidencia es poca' al afectar a recetas prescritas hoy. El presidente de los farmacéuticos madrileños ha explicado que 'todavía es pronto' para valorar cómo está funcionando la medida, ya que 'es hoy cuando se han abierto las consultas y las recetas prescritas de hoy son las que se tienen que abonar'.

Según García Romero, entre los ciudadanos hay 'enfado por tener que pagar la tasa'. 'A ninguno nos hace gracia pagar un euro por receta y, en las farmacias, el enfado es por la carga burocrática de tener que explicar al ciudadano y canalizar los enfados'. El farmacéutico tiene que oír las quejas e intentar explicar en qué consiste y 'de alguna manera aguantar' el malestar que manifiestan los pacientes, ha continuado.

García ha considerado que no hubo aprovisionamiento de medicinas antes de fin de año, y ha opinado que podría deberse a que ha habido huelgas en la sanidad y consultas cerradas, lo que motivaría un menor número de prescripciones, aunque ha añadido finalmente que desconoce 'si es porque los pacientes no le han dado importancia o por falta de prescripciones'.

Sobre el retraso en la puesta en marcha del sistema informático que permite a las farmacias saber si el paciente ha alcanzado el tope máximo de 72 euros anuales, García Romero ha considerado que 'eso es un problema de la administración' que a las farmacias no les debería preocupar mucho, ha concluido.