Batasuna acata la prohibición de la manifestación de Bilbao

La izquierda abertzale, Eusko Alkartasuna, Aralar y Alternatiba (escisión de Ezker Batua) acataron el segundo auto dictado por la Audiencia Nacional, en menos de 48 horas, para suspender la manifestación convocada para ayer en Bilbao bajo el lema Libertad de expresión. Todos los derechos para todas las personas. En una nota difundida horas antes de la marcha, firmada también por el ex alcalde de Getxo Iñaki Zarraoa (PNV), instaron a la ciudadanía "desde la responsabilidad" a no acudir "para no caer en provocaciones y evitar disturbios".

No obstante, varios cientos de personas se reunieron en la plaza del Sagrado Corazón para recorrer, de forma espontánea, el centro de la capital vizcaína por la acera y respetando incluso los semáforos. Los congregados se disolvieron poco a poco sin incidentes. La Ertzaintza imputó a una persona por insultar a agentes desplegados para impedir posibles altercados. El histórico dirigente de EA e impulsor de la segunda convocatoria prohibida, Sabin Intxaurraga, comunicó a la policía vasca que tan sólo iban a una rueda de prensa, convocada en el local hostelero Kafe Antzokia.

La Audiencia Nacional permitió en agosto marchas similares

En la comparecencia, en nombre de la plataforma Adierazi EH, los escritores Laura Mintegi y Gotzon Barandiaran leyeron un comunicado para manifestar que "la iniciativa de Adierazi EH salta hoy por encima de estos torpes obstáculos represivos y se transforma en un auténtico movimiento por los derechos civiles en Euskal Herria. Los 44 organismos que ya estamos iniciando ese movimiento anunciamos la determinación de extender y compartir ya el acuerdo de contenidos democráticos a todas las instancias sociales, políticas, institucionales, culturales, deportivas y populares en toda Euskal Herria". Según indicaron, los contactos comenzarán la próxima semana.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, había dictado a primera hora de la mañana un auto para prohibir la marcha, convocada el jueves por el histórico dirigente de EA y ex consejero de Justicia del Gobierno vasco Sabin Intxaurraga y otra persona sin adscripción política.

La solicitud fue cursada después de que el propio Moreno hubiese prohibido ese mismo día otra marcha anunciada por la plataforma ciudadana Adierazi EH con el lema en euskera "Todos los derechos para todas las personas en toda Euskal Herria". Entre ellos, se reivindicaba el "derecho a la vida".

Sin embargo, según el juez, que asumió totalmente los informes de la fiscalía de la Audiencia, había "fundados indicios" de que la marcha iba a tener "como finalidad apoyar la estrategia y justificar las acciones" de ETA.

En el auto conocido ayer por la mañana, el magistrado mantiene esa tesis y sostiene, además, de acuerdo a los informes presentados por la fiscalía de la Audiencia Nacional y la Ertzaintza, que la convocatoria presentada por el dirigente de EA y una segunda persona "no tiene otro objeto que eludir el cumplimiento" de la primera resolución contra la marcha de Adierazi EH, "tratándose por tanto de una actuación de fraude de ley".

"Lo revolucionario ahora es decir que la lucha armada no permite avanzar"

La prohibición de ambas manifestaciones, convocadas para impulsar la movilización social a favor de un proceso de paz y la "superación de toda situación de excepción o violencia", supone un punto de inflexión en el control judicial de la izquierda abertzale que se produce, precisamente, una semana después del anuncio de ETA de cese de "acciones armadas ofensivas".

Cabe recordar que hasta la suspensión de la marcha de ayer, promovida por la propia fiscalía, la izquierda abertzale ha participado o secundado diversas manifestaciones autorizadas, durante todo el último año, junto a EA, Aralar y Alternatiba, sin que hubiera ningún tipo de altercado. El 17 de octubre de 2009, tomó parte en una protesta en San Sebastián para exigir la puesta en libertad de Arnaldo Otegi y Rafa Díez Usabiaga; el pasado 14 de marzo, lo hizo para denunciar la muerte en Francia del miembro de ETA Jon Anza; el 10 de julio, secundó otra también en la capital guipuzcoana con el lema "Somos una nación. Autodeterminación), y una semana después participó en otra en Bilbao en apoyo de los 20 encausados en el caso Udalbiltza por su presunta integración en ETA.

Salvo el PSE, el PP y UPyD, todos los partidos vascos criticaron con duros términos el auto de la Audiencia. En un comunicado, la izquierda aber-tzale manifestó que "estas prohibiciones son un sabotaje realizado por el PSOE contra la nueva fase política que se está abriendo en Euskal Herria". Y añadió: "Mientras que en Euskal Herria diversos agentes políticos, sindicales y sociales estamos trabajando por un marco de distensión multilateral y de consenso sobre condiciones básicas para un proceso democrático, el Gobierno español sigue la inercia de una estrategia cómoda en el escenario de enfrentamiento y bloqueo".

El líder de EA, Pello Urizar, atribuyó el veto de la marcha al "nerviosismo y al miedo del PSOE, del PP y de la Audiencia Nacional" ante la proximidad de "un cambio que va a modificar de raíz el escenario político de Euskal Herria". Según sus palabras, ese cambio está "basado en las decisiones políticas y no está tutelado por ETA", algo que ha "descolocado" a los que optan "exclusivamente por la vía policial". Desde Barcelona, el vicecoordinador de Aralar, Jon Abril, sostuvo que la prohibición de la marcha representa "uno de los mayores atropellos en democracia", pues se trataba de "una manifestación pacífica convocada por agentes de diversa índole" para reivindicar "los derechos humanos, civiles y políticos". "[El auto] deja en evidencia la debilidad de la democracia española ante la comunidad europea", agregó.

También desde Catalunya, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, tachó la resolución de "vuelta atrás y provocación", a la vez que dijo no comprender "el criterio dispar en la Audiencia, permitiendo un juez manifestaciones hace 20 días y prohibiéndolas hoy [por ayer]".

El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, opinó que el veto muestra que se está "en una fase de retrocesos de derechos políticos". Y el coordinador de Presidencia de EB, Serafín Llamas, también lo consideró un "atropello democrático".