Las entidades financieras que se han adherido al Código de Buenas Prácticas (CBP) promovido por el Gobierno han aceptado la dación en pago y la consiguiente extinción de la deuda en el 2,9% de las solicitudes resueltas, con ochos casos, según ha informado el Ministerio de Economía en un comunicado.

Del total de 278 solicitudes resueltas, en 44 casos se ha refinanciado la deuda pendiente de pago, es decir, en el 15,8% del total, en tanto que el resto de solicitudes (226) han sido rechazadas por la entidad porque el deudor no cumplía con las condiciones requeridas, esto es, en el 81,3% de los casos.  

Estos datos se refieren al periodo abarcado desde el 11 de marzo hasta el 30 de junio de este año. Las solicitudes resueltas se correspondían con préstamos y créditos con una deuda pendiente de 36,5 millones de euros. La banca recibió en total 568 solicitudes, de las cuales 283 estaban pendientes. En siete casos los solicitantes desistieron.

En el 15,8% de los casos se ha refinanciado la deuda, cuyo total asciende a casi 70 millones de euros

Según el primer informe de evaluación elaborado por la comisión de control, en la que están representados el Ministerio de Economía, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Asociación Hipotecaria Española, de las 100 entidades que se acogieron a este código, sólo 28 declararon haber recibido solicitudes.

El 73% de las peticiones se concentra en Andalucía, Comunidad Valenciana, Catalunya y Madrid. La deuda total pendiente alcanzaba los 69,5 millones de euros durante el primer trimestre de aplicación.

El departamento encabezado por Luis de Guindos explicó que hay que tener en cuenta que estos datos se corresponden con solo un trimestre de aplicación del CBP, 'una medida que hasta ahora no se había puesto en marcha nunca en España'. En este sentido, recordó que la gran mayoría de adhesiones de entidades financieras no concluyeron hasta mediados de abril y la comisión de control tuvo que hacer algunas labores previas, como su constitución, la aprobación de las declaraciones de responsabilidad o la precisión de la información a solicitar a las entidades.

'Es un primer intento para solucionar el problema de los desahucios', se excusa Economía 'Estos factores explican que, en la práctica, la vigencia del CBP haya sido inferior a los tres meses analizados', explicó Economía, que valoró este código como un 'primer intento' de solucionar el problema de los desahucios para los casos de primera vivienda y riesgo de exclusión social.

'Debe darse más tiempo al código para demostrar su eficacia', enfatizó el Ministerio. De hecho, avanzó que en el segundo trimestre de vigencia del CBP, entre los meses de julio a septiembre, se han presentado ya en torno a otras 700 solicitudes. Desde Economía, se consideró que 'es pronto' para sacar conclusiones al respecto y se emplazó al segundo trimestre de vigencia del CBP para realizar una valoración 'más ajustada'.