El presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, ha anunciado este miércoles la apertura de un expediente de despido colectivo (EDC) que afectará a 32 trabajadores laborales indefinidos y que será efectivo a partir del 1 de febrero de 2013.

Baltar fue impuesto por su padre, José Luis Baltar, como líder del PP provincial. El cacique ourensano se perpetuaba así, sangre mediante, en su feudo inexpugnable, donde hasta Feijóo salió escaldado. Y allí, durante años, fue acusado en repetidas ocasiones por la oposición de 'enchufar' a numerosas personas con carné o simpatizantes del Partido Popular.

La crisis y los recortes, sin embargo, han forzado al presidente a despedir a 32 de los 45 empleados laborales indefinidos, según ha explicado él mismo. No se verán afectadas por el despido colectivo, eso sí, los trabajadores con discapacidad del 33% y otros cuya función es imprescindible para mantener abiertos ciertos servicios.

En el escrito del plan de recursos humanos para 2013 se advierte, además, de que no está descartado que se adopten otras medidas laborales 'para la reorganización laboral de la Diputación de Ourense'. José Manuel Baltar, que ha reconocido que esta medida es 'la más dolorosa y difícil', ha aludido a las causas recogidas en el decreto del 29 de octubre para abrir un EDC y ha justificado que en el caso de la Diputación ourensana son la reducción en los ingresos del Estado y de la Unión Europea, que calculó en un 6,6% respecto a 2011, y también por causas económicas y organizativas.

La Diputación de Ourense será así la primera institución pública de Galicia que se acoge a la posibilidad de recortar el número de trabajadores en base al decreto del 29 de octubre 1483/2012, referido a los entes públicos y administraciones con más de 300 trabajadores.

Tal como ha explicado Baltar, el expediente fue comunicado este miércoles al Comité de Empresa y responde a la necesidad 'de racionalizar el gasto para garantizar la sustentabilidad financiera de la Diputación', en el mismo camino dijo que ya se recortó 1,3 millones de gasto en personal por la extinción de 28 puestos de trabajo interinos que no se repondrán.

El recorte de trabajadores comenzó antes del decreto de octubre, con la extinción del trabajo de la mayor parte de los interinos (media docena conservan su puesto) de los que dos denunciaron el despido y fueron readmitidos en la institución. Según ha confirado Baltar en la rueda de prensa, 'no están afectados ahora por el EDC previsto.

Además, hay un acuerdo con el Comité de Empresa, presidido por José Fírvida Rodríguez, y con la autoridad laboral para que los despidos no afecten al colectivo de trabajadores laborales fijos.

El presidente José Manuel Baltar ha añadido que otras medidas pretenden reorganizar el colectivo laboral de la Diputación, formada ahora por 747 trabajadores, de los que hay que descontar los 32 del EDC. Entre ellas, la reasignación de trabajadores de sus actuales puestos a los de nueva creación que sustituyan a los suprimidos, por resolución de la Presidencia.

También prevé en su Plan de Recursos Humanos 2013 la jubilación de 13 trabajadores, la externalización de la escuela de hostelería de Vilamarín y del centro ecuestre Antela, potenciar la administración vía electrónica y la formación de los empleados públicos, además de unificar el parque de automóviles de la institución.

El Comité de Empresa de la Diputación deberá elaborar, según ha apuntado Baltar, un calendario de negociación del expediente abierto de despido colectivo, con duración de un mes. El expediente será efectivo a partir del día 1 de febrero de 2013. En la mesa de negociación, según fuentes de la Diputación, estarán representantes del Comité de Empresa, presidido por José Fírvida Rodríguez, y de la Xunta de Persoal, cuyo presidente es José Antonio Blanco.

Según Baltar, de febrero a diciembre de 2012 la reducción de trabajadores de la Diputación de Ourense fue del 21%, y por categorías, el recorte fue del 71 por ciento entre el colectivo de trabajadores temporales y del 77 por ciento en el de interinos, a los que habrá que sumar los afectados por el EDC. Mención aparte merecen los 133 nuevos contratos de 3 a 9 meses realizados en la Diputación por un convenio firmado con la Xunta de Galicia, para trabajadores de servicios sociales para los ayuntamientos de toda la provincia, con un paquete económico de 1,3 millones de euros.

Antes del decreto que contempla los Expedientes de Despido Colectivo en entes públicos, otras instituciones realizaron Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), como varios ayuntamientos de las provincias de Cádiz, Madrid, o León, entre otros.

A diferencia de los ERE, los EDC no necesitan autorización de la administración pública y la Diputación de Ourense sólo tiene obligación de notificar la apertura de negociaciones con la entrega de una memoria explicativa ante la autoridad laboral de la Xunta de Galicia. Los despidos con esta fórmula conllevan indemnizaciones equivalentes a 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades.