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El Ayuntamiento de Barcelona
avisa a los jueces del CIE de
que el centro opera sin licencia

El consistorio ya ordenó la semana pasada el cese de actividad del recinto, que ha impedido el acceso a los inspectores municipales.

Imagen del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca después de que el Ayuntamiento de Barcelona haya ordenado el cierre del mismo porque no tiene licencia de actividad. EFE/Quique García

EFE

BARCELONA.- El Ayuntamiento de Barcelona ha avisado a los jueces encargados del control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona de que el recinto carece de licencias para operar y se ha impedido el acceso a inspectores municipales.

Según han informado fuentes judiciales, el consistorio barcelonés ha hecho hoy llegar un informe a los jueces del CIE en relación con las gestiones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Barcelona, que la semana pasada ordenó el cese de la actividad del recinto alegando que no dispone de las licencias oportunas.

El Ministerio de Interior desoyó el veto municipal y, horas después, ordenó la reapertura del CIE, al que el Ayuntamiento de Barcelona ha enviado en dos ocasiones a inspectores municipales para comprobar si acogía a internos, aunque el primer extranjero no ha ingresado hasta hoy mismo.

El Ayuntamiento de Barcelona acudirá al juzgado contencioso-administrativo para que les autorice a inspeccionar el CIE de la Zona Franca y verificar si ya está en funcionamiento, con internos en su interior.

Paralelamente, el consistorio ha informado a los jueces del CIE de esta gestión y de la reclamación que tiene previsto presentar, ya que, pese a que estos magistrados no tienen competencias para resolver sobre las licencias, el equipo de Ada Colau cree que podrían intervenir por su papel de garantes del cumplimiento de los derechos humanos en el interior del recinto.

El control del CIE de la Zona Franca de Barcelona corresponde, por turnos, a los titulares de los juzgados de instrucción número 1 y 30 de Barcelona, Joaquín Aguirre y José Julián García de Eulate, respectivamente.

Precisamente, el CIE se cerró provisionalmente el pasado mes de noviembre para llevar a cabo las obras que los jueces habían ordenado para dignificar las condiciones de vida de los internos.

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