La Ley de Dependencia se ha estancado. Las autonomías tardan cada vez más en resolver los expedientes y el número de personas en lista de espera no mengua. El caso más sangrante es el de Castilla-La Mancha, que desde la llegada a su Gobierno de María Dolores de Cospedal (PP), en mayo pasado, dejó de pagar a los dependientes (el lunes pagó el mes de junio).

El resto de autonomías usa técnicas más sofisticadas. 'Tardan más en pagar tardando más en reconocer la situación de dependencia', explica la secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha. 'Es una cuestión de prioridades del gasto público. La situación económica no es peor que la de antes de las elecciones. Es una excusa para combatir una ley que el PP nunca ha compartido', denuncia.

UGT: «Es una cuestión de prioridades del gasto público»

Los últimos datos de gestión ponen sobre la mesa que el número de beneficiarios de la ley disminuyó entre el 1 de agosto y el 1 de septiembre en Aragón, el País Valencià y Navarra. En concreto, en Aragón bajó en 314 el número de dependientes con ayuda, en el País Valencià en 348 y en Navarra en 16.

Lo que las autonomías justifican por la muerte de beneficiarios choca con las 9.685, 32.450 y 2.691 personas que en Aragón, el País Valencià y Navarra, respectivamente, esperan a que llegue la ayuda que se les ha reconocido. El llamado limbo de la dependencia está enquistado. Un total de 307.357 personas (una de cada tres con derecho) están en esta situación.

La espera puede alargarse hasta dos años. Y si no que se lo digan a José Torres, un madrileño de 59 años que pidió en mayo de 2009 la ayuda para su madre, de 81 años. La mujer llevaba desde diciembre de 2006 en una residencia privada de Segovia, la única que su familia se podía permitir y que tenía un servicio potente de fisioterapia. La mujer tiene la movilidad reducida.

Una de cada tres personas con derecho está a la espera de recibirlo

Hasta el pasado 4 de julio, la Comunidad de Madrid no determinó el grado de dependencia (severa). Y hasta un mes más tarde, la comunidad no comunicó a José que como su madre estaba en una residencia de otra región un dato que ya figuraba en la solicitud debía trasladar el expediente a Castilla y León. Así lo hizo José el 18 de julio. El lunes, un funcionario le confirmó que su expediente seguía en Madrid. El hombre no hace más que denunciar su situación, en vano.

'La angustia e inseguridad con que viven las personas dependientes y sus familiares estas situaciones son dramáticas', destaca el presidente de la Asociación de Directores de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

Algunas autonomías no incorporan a nuevos beneficiarios si no hay bajas

Fuentes del sector aseguran que corre la voz en las autonomías, también entre las gobernadas por el PSOE, de no dar una ayuda hasta que no se deje de dar otra, es decir, hasta que uno de los beneficiarios fallezca.

Los últimos datos de gestión chocan con los que se registraron en los meses previos a las elecciones autonómicas del pasado mayo. El País Valencià y Madrid (ambos feudos del PP) concedieron durante el mes de marzo unas 20.000 ayudas. Intentaron enmascarar así una gestión que les sitúa año tras año en los últimos puestos del ranking autonómico que elabora el Observatorio de la Dependencia.

Además de contadas, las ayudas que se dan son baratas. Así, el 46,15% de las prestaciones son una paga mensual al cuidador familiar, frente al 13,4% de plazas residenciales, unas cuatro veces más caras.

El presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Alberto Echevarría, critica que las autonomías no hayan acotado estas ayudas, ya que la ley establece que deben ser una excepción. La norma se creó con el fin de crear una red de servicios profesionalizados. 'Las residencias están cada vez más vacías. La privada cae en picado y en las plazas concertadas tardamos meses en cobrar', denuncia Echevarría. Según asegura, los dueños de centros concertados de Castilla-La Mancha llevan ocho meses de retraso en el cobro.

Por su parte, la secretaria de Política Social de CCOO, Rosana Costa, asegura que el Estado debería aportar más dinero para la dependencia y que las autonomías deberían ser más transparentes. Costa recuerda que invertir en dependencia supondría generar puestos de trabajo (siempre que se priorizaran las prestaciones profesionalizadas).