Cada año más progenitores extranjeros se llevan ilegalmente a su hijo a su país después de romper su matrimonio. Según el Informe de la Justicia que el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) prepara anualmente, este fenómeno ha crecido de forma 'impresionante' en España, hasta alcanzar los 178 casos al año. En el informe, el Colegio atribuye este aumento a la globalización y al auge de matrimonios mixtos. De hecho, y aunque las estadísticas no están del todo claras, sí se puede constatar que el crecimiento registrado en los últimos años sitúa a España como un país con 'bastantes problemas' de sustracciones internacionales de menores, según apunta el ICAB.

En la mayoría de ocasiones, los países a los que España reclama por sustracciones internacionales de niños son latinoamericanos aunque, en los últimos años, han crecido más los casos de requerimientos a otros países de Europa.

Las regiones españolas donde se interponen más denuncias por este tipo de delitos son el litoral mediterráneo, las Islas Canarias, las Islas Baleares, Madrid y Barcelona.

El fenómeno es todavía reciente en España, al menos con esta intensidad, y los datos que poseen las autoridades españolas no permiten determinar con exactitud el incremento porcentual de los casos. Por ese motivo el Colegio de Abogados de Barcelona exige cifras fiables y actualizadas que permitan averiguar cuál ha sido el resultado de las reclamaciones internacionales.

Según los datos que sí se conocen, entre los años 1987 y 1994 se registraron en España 266 casos de sustracciones en 201 de ellos España era el país reclamante, entre el 2000 y 2002 se contabilizaron 258 en 148 casos España era la autoridad que hacía el requerimiento y en 2003, un total de 170.

Frente a ese incremento de demandas por sustracciones de menores, el Colegio de Abogados advierte de la falta de especialización y formación de los profesionales de los juzgados de familia o de los propios letrados.

Base de datos

Uno de los problemas a la hora de obtener cifras de los niños que han sido sustraídos es que no existe una base de datos estatal que concentre, por ejemplo, a todos los niños escolarizados.

Normativa

El ICAB reclama la creación de un marco normativo que establezca la obligación de los ayuntamientos, colegios y policía de colaborar con el Ministerio Justicia en estas reclamaciones.