A la negociación de los presupuestos valencianos le ha salido un problema inesperado. Precisamente cuando parecía que iban a evitarse las negociaciones in extremis de los otros años, con una negociación política desde dentro del mismo gobierno, tal como pedían los socios minoritarios del Botánico –y a la espera de resolver las divergencias por la tasa turística- un escollo de última hora han venido a enturbiar las negociaciones.

Este problema se llama À Punt y ha puesto en pie de guerra todo el sector de la industria audiovisual que ve como la tímida recuperación de los últimos años puede desaparecer de golpe. Los presupuestos ya preveían un recorte del 1,65% para la radiotelevisión pública, hasta dejarla con unos ingresos de 66,9 millones. Pero a esta pérdida hay que sumar la obligación de pagar diez
millones de IVA no deducibles, después del cambio de normativa que afecta todas las televisiones públicas. Estos doce millones de menos prácticamente se concentran en la contratación de producciones externas, que sufrirá una bajada aproximada del 50%, una partida mucho más fácil de tocar que los gastos fijos, como la masa salarial o similares.

"Esta reducción del presupuesto implica una marcha atrás en muchas iniciativas ya empezadas y puede afectar incluso producciones que no reciben ayudas directas de À Punt, como por ejemplo al reducir la colaboración con festivales", explica Clàudia Reig, de la productora Barret Films, una cooperativa reconocida internacionalmente y que ya sufrió –y sobrevivió- los años en qué en el País
Valencià no había radiotelevisión pública o en los que el Canal 9 vetaba aquellas propuestas que consideraba políticamente adversas. Reig pone el ejemplo de la serie documental Crónica médica, que ha obtenido muy buena crítica y nada despreciables cifras de audiencia y que ahora, si se consuma el recorte, podría quedarse sin segunda temporada.

Pero este no es un caso aislado. "Prácticamente todo el sector externo a À Punt está condenado a la desaparición", apuntan desde la plataforma de asociaciones de productoras valencianas, que ha calculado en un millar los puestos de trabajo que peligran. Para empezar, desde la dirección de la
radiotelevisión ya han anunciado que se cancela el proyecto de emitir un capítulo diario de la Alquería Blanca, el culebrón estrella desde la época de Canal 9. También la Unió de Periodistes Valencians ha denunciado que la medida "perjudicará la capacidad de la radio, la televisión y la web
de generar información de calidad para ponerla al alcance de la ciudadanía".

Hay que tener en cuenta que el modelo de À Punt es altamente dependiente de las producciones externas, con muy poca producción asumida por la misma plantilla. Una situación que genera una gran precariedad laboral entre los trabajadores de la cadena, que van saltando de empresa en empresa –cuando hay suerte- según los programas que cada productora puede conseguir. "La realidad del mundo audiovisual es muy precaria, con contratos siempre temporales y mucha gente trabajando durante años por ETT", explica una trabajadora que prefiere no decir su nombre.

Situación de ilegalidad

La ley de creación de À Punt establece que al ente público se tiene que garantizarle una financiación que oscila entre el 0,3 y el 0,6% del presupuesto global de la Generalitat. Si con la propuesta inicial, ya quedaba frotando el límite inferior, con el incremento del presupuesto al añadir los ingresos de los Fondos Covid, la partida destinada a À Punt supone tan solo un 0,28%, por
debajo de lo que marca la ley.

Tanto Compromís como Unides Podem han presentado enmiendas en los presupuestos para aumentar la financiación de la televisión pública. Los valencianistas han pedido que la Generalitat asuma los debe millones del IVA "tal como han hecho la mayoría otras comunidades autónomas", además que no se recorte el presupuesto del año anterior, mientras que la formación morada ha
pedido hacer crecer la asignación para la radiotelevisión en 17 millones.

"Ahora mismo hemos llevado la cuestión a la comisión negociadora –explica en Público Mònica Álvaro, diputada de Compromís y miembro de la comisión del Audiovisual de las Cortes- y creo que será posible encontrar una solución. El problema es que desde Hacienda proponen hacerlo en forma de préstamo y a nosotros esta opción no nos gusta". Álvaro también destaca que la lucha por
una dotación presupuestaria digna por À Punt "se repite desde el primer año que se creó y si la comparas con cualquier otra televisión autonómica es la que menos dinero recibe. Siempre estamos con la enmienda y la negociación hasta el último momento en este tema".