El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido por unanimidad revocar el procesamiento de los tres mandos policiales acusados en el caso Faisán —el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, el que fuera director general de la Policía Nacional Víctor García Hidalgo y el inspector de Vitoria José María Ballesteros—,  por falta de 'indicios suficientes', informa Pedro Águeda.

Al estimar insuficientes los indicios que el juez apuntaba contra los mandos policiales, estos dejan de estar procesados pero siguen imputados en la causa por los delitos de colaboración terrorista, encubrimiento y revelación de secretos.

Debido a que 'los hechos revisten caracteres de delito', los 14 magistrados que conformaron el pleno de la Sala de lo Penal han decidido devolver la causa al instructor, el juez de la Audiencia Pablo Ruz, para que amplíe la investigación.

Ruz tendrá que seguir practicando diligencias para hallar nuevos indicios que le permitan procesar otra vez a García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros o que le conduzcan a otras personas como autoras del 'chivatazo' y, si no los encuentra, se verá obligado a archivar la causa.

Los magistrados no han entrado finalmente a valorar si los hechos podrían dar lugar a una acusación por delitos de colaboración con ETA y si, por lo tanto, la competencia para investigar el caso corresponde a la Audiencia Nacional o a la justicia ordinaria, en este caso los juzgados de instrucción de Irún (Guipúzcoa), lugar en el que tuvo lugar la delación a ETA el 4 de mayo de 2006. 

Los 14 magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han tratado de buscar un fallo de consenso sobre el chivatazo a ETA que contentara a todas las partes tras tantear que la votación sobre la posibiidad de enviar la causa a un juzgado de Irún (Guipúzcoa) iba a resultar muy ajustada, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El sector que abogaba por retirar el delito de colaboración con organización terrorista a los tres procesados, encabezado por el presidente de la Sala, Javier Gómez Bermúdez, y el ponente José Ricardo de Prada, contaba con un máximo de ocho apoyos, por lo que una votación en este sentido habría provocado una imagen de máxima división en el tribunal.

El caso Faisán es una de las prioridades políticas del PP, cuyos máximos dirigentes patronos a su vez de FAES consideran que inhabilita políticamente al socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, exministro del Interior.

Los conservadores han presentado más de 300 preguntas parlamentarias sobre el caso y han interrogado al Gobierno en más de 40 ocasiones en pleno. Desde noviembre de 2009, se han personado como acusación popular bajo el impulso de Federico Trillo, coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP y también vocal en el patronato de FAES.