De izda a dcha, Otamendi, Uria, Torrealdai, Auzmendi y Oleaga, procesados en el juicio. EFE 

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, ha absuelto a los cinco directivos del diario Egunkaria —el presidente del Consejo de Administración, Juan María Torrealday, los consejeros José María Auzmendi, Ignacio María Uría y Marcelo Otamendi y al último redactor jefe de la publicación, Javier Oleaga—, acusados de pertenecer a la organización terrorista ETA por impulsar la constitución del diario.  (Leer sentencia en PDF). 

La orden de cierre del diario Egunkaria 'no tenía habilitación constitucional directa y carecía de una norma legal, especial y expresa que la autorizara', concluye la Audiencia. 

Más aún: el diario no era una herramienta de ETA, y el simple análisis de la línea informativa 'permitía descartar que el periódico fuera instrumento para la comisión de delitos'. Las acusaciones fueron incapaces de acreditar 'ni directa ni indirectamente' que Egunkaria defendiera los postulados de la banda terrorista, 'haya publicado un solo artículo a favor del terrorismo o de los terroristas ni que su línea editorial tuviese siquiera un sesgo político determinado'. ' Esto último, además, no sería delictivo', recuerda la sala.

'No hubo un control judicial suficiente e eficiente de las condiciones de incomunicación' a las que se les sometió tras ser detenidos

El fallo desmonta las denuncias presentadas por las acusaciones populares Dignidad y Justicia (DyJ) y Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), a los que la sala critica 'lo artificioso' de sus hipótesis.

'La endeblez del punto de partida en la acusación es evidente, pues en el ámbito del derecho penal no basta con que una organización criminal utilice a personas físicas o jurídicas en su proyecto criminal, sino que es preciso que se demuestre que los utilizados (...) eran conscientes y actuaron voluntariamente en auxilio de la banda terrorista para favorecer la consecución de sus fines', indica.

Entre las conclusiones sobresale las implicaciones que tuvo la clausura del periódico: 'De entre las diversas formas y modos de injerencia en la libertad de prensa, el cierre supone la mayor restricción, la suspensión o cancelación radical de todos los derechos relacionados con la emisión y recepción de información y opinión, de manera sistemática, afectando masivamente a derechos e intereses de múltiples personas -editores, profesionales de la información, escritores de prensa, colaboradores, suscriptores, lectores habituales y esporádicos- y de la propia sociedad', raza la sentencia.

El rotativo fue clausurado en febrero de 2003 por orden del juez Juan del Olmo. El 6 de diciembre de 1990 se vendió el primer número del periódico Euskaldunon Egunkaria, editado íntegramente en euskera con un capital de 10 millones de pesetas, unos 60.000 euros. Cuando el rotatitvo se intervino judicialmente ascendía a 1.670.000 euros.

'No se ha acreditado que parte alguna del capital social u otros recursos fueran de procedencia ilícita', aclara la sentencia, en la que se recalca que 'tampoco consta envío o desvío de fondos o activos de clase alguna desde la sociedad editora o el diario a la banda terrorista ETA'.

La sala, de hecho, desmonta los argumentos a los que se aferró el juez del Olmo para ordenar el cierre. Los editoriales de Egunkaria ni  defendían 'los postulados de ETA' ni mucho menos se escribían por 'órdenes de ésta'. En conclusión:  no cabe interpretar que los procesados 'fueran designados, estuvieran vinculados, colaboraran u obedecieran consignas' de la banda armada.

La sentencia aborda también a las denuncias de malos tratos formuladas por los acusados y señala que 'no hubo un control judicial suficiente e eficiente de las condiciones de incomunicación' a las que se les sometió tras ser detenidos.

'Es una de las mejores noticias que ha recibido en los últimos años', ha declarado tras conocer el fallo el director del periódico, Martxelo Otamendi.

De forma muy diferente han encajado la sentencia la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ). A su juicio, supone 'un duro golpe a la lucha contra el terrorismo' y advierten de que la indemnización que el Estado tendrá que pagar a los acusados 'se convertirá en dinero para financiar el entorno terrorista'.

'Es una de las mejores noticias que ha recibido en los últimos años', se felicita el director Martxelo Otamendi

'Por fin se ha hecho justicia con un caso que nunca debió ir a los tribunales', se ha felicitado el coordinador general de Ezker Batua-Berdeak (EB), Mikel Arana.

'Tras el largo y tortuoso proceso judicial que termina hoy, la FAPE exige a las autoridades competentes que reparen el daño ocasionado por el cierre del diario', ha reclamado la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

Durante el juicio, que quedó visto para sentencia el pasado 1 de febrero, las acusaciones populares de Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) solicitaron penas de entre 12 y 14 años de prisión para los directivos del periódico Juan María Torrealdai, José María Auzmendi, Iñaki Uría, Martxelo Otamendi y Xabier Oleaga, al entender que ETA estaba detrás de la constitución del diario.

La Fiscalía pidió en diciembre de 2006 el archivo del proceso al no poderse acreditar 'ni que el periódico sea fuente de financiación de ETA, ni que sea instrumento de blanqueo de capitales ilícitos procedentes de la banda'. 'No puede acreditarse que bajo la forma de un periódico legal estuviera ETA', abundó.

El ex presidente del Gobierno vasco Carlos Garaikoetxea dejó escrito en Público que el cierre del diario suponía 'uno de los ataques más escandalosos a los derechos fundamentales, como la libertad de opinión, expresión y comunicación'.

'Se nos hace difícil entender que estemos en el banquillo de los acusados por haber fundado desde la sociedad civil y dirigido el primer periódico diario en euskera, el sueño de los euskaltzales (impulsores de la lengua vasca) de las diferentes generaciones del siglo XX, un sueño muy anterior a la existencia de ETA', escribió por su parte, también en este diario, Joan Mari Torrealdai, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, académico de la Lengua Vasca.

La causa fue interpretada por gran parte de la sociedad en Euskadi como una agresión al euskera, la cultura vasca y la libertad de expresión. No pasó desapercibido: la causa ha suscitado un sinfín de movilizaciones.

Tras su cierre, desencadenó una de las mayores manifestaciones celebradas en Euskadi. Ante el inicio del juicio, el diario y los imputados han recibido también estas semanas la solidaridad de más de un centenar de escritores, de Euskadi y Catalunya especialmente, de la mayoría sindical del País Vasco, de representantes del deporte y de profesionales de distintos medios de comunicación, entre otros sectores.

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