Varias asociaciones de Memoria Histórica han ratificado este martes la querella por prevaricación presentada en marzo contra el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, por dictar resoluciones en la causa contra el juez Baltasar Garzón después de haber pedido éstas su recusación.

Así lo ha explicado a los periodistas en la sede del Alto Tribunal el abogado de estas asociaciones, Fernando Magán, tras comparecer ante la sala especial del artículo 61 del Supremo.

Los querellantes acusan a Saavedra de haber deliberado y adoptado más de diez resoluciones después de que fuera recusado el pasado 18 de junio y aseguran que éste ha retrasado durante más de ocho meses la tramitación del incidente de recusación.

La semana pasada, la sala del 61 rechazó tramitar la recusación de Saavedra y de los otros cuatro magistrados que formaban la sala que admitió la querella por prevaricación contra Garzón por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo: Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo.

Magán ha asegurado que recurrirá esa decisión ante la sala de lo penal del Supremo, y ha añadido que el magistrado de este tribunal que instruye la causa contra Garzón, Luciano Varela, debería apartarse automáticamente del procedimiento contra el juez al haber sido recusado por éste.

Por su parte, el presidente de la Asociación Memoria y Justicia de Elche (Alicante), José Antonio Carrasco, ha dicho que se sienten 'impotentes' y 'frustrados', ya que 'después de 35 años de Democracia parece ser que estamos todavía en el mismo punto de partida'.

'Confiamos en la Justicia', ha añadido no obstante Carrasco, quien ha hecho hincapié en que esperan que esta querella 'sirva para algo'.

En el mismo sentido se ha pronunciado la presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Arucas (Canarias), Balbina Sosa Cabrera, que ha asegurado que van a seguir 'en la lucha'.

'Si no podemos aquí, que sería una vergüenza y dejaría mucho que desear de nuestra democracia, tendremos que acudir a Tribunales internacionales', ha asegurado.

Estas asociaciones presentaron el pasado mes de febrero una denuncia contra Saavedra por estos mismos hechos ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que decidió archivarla por tratarse de un asunto jurisdiccional sobre el que no podía pronunciarse.