'No entiendo que se desproteja al concebido, permitiendo el aborto, por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación. Me parece éticamente inconcebible que hayamos estado conviviendo tanto tiempo con esa legislación'. Así anunció el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, su intención de instaurar en España una Ley del Aborto no sólo más restrictiva que la actual -vigente desde 2010- sino incluso menos permisiva que la anterior, de 1985. 

'Creo que el mismo nivel de protección que se da a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación debe darse a aquel del que se constate que carece de algunas de las capacidades que tienen el resto de los concebidos', añadió el ministro en la entrevista publicada el pasado domingo en el diario La Razón.

Pero, al referirse al supuesto de malformación fetal -uno de los tres únicos casos que permitían el aborto antes de la liberalización de 2010- como 'éticamente inconcebible', Gallardón no sólo criticó la Ley española, sino la normativa vigente en casi todos los países de la Unión Europea (UE). Sólo Irlanda restringe la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en estos casos, según los datos recopilados en el último informe anual de ONU-Mujeres, titulado El Progreso de las Mujeres en el Mundo. En busca de la Justicia.

Por ello, de llegar a aprobarse la modificación legal anunciada por el titular de Justicia, España se alejaría considerablemente de los estados a los que en otros ámbitos intenta imitar, como Francia o Alemania. Es más, el país podría equipararse con buena parte de las zonas más subdesarrolladas de África o America Latina, donde los derechos de las mujeres aún no están plenamente reconocidos. Este es el caso de Somalia, Congo o Angola, así como Haití, Nicaragua o Guatemala, cuyas leyes abortivas son nulas o se limitan sólo al supuesto del riesgo de mortalidad materna. Paradójicamente, la Organización Mundial de la Salud ha demostrado, con datos (ver gráfico inferior), que empujar a las mujeres que desean interrumpir su gestión a la clandestinidad supone un grave riesgo de mortalidad para ellas.

Volviendo a la UE, en buena parte de ella sólo es necesario que la madre desee interrumpir su gestación para que pueda hacerlo de forma legal, siempre que cumpla unos plazos determinados, como ocurre en los citados Francia y Alemania, así como en la región inglesa de Reino Unido, en Bélgica, Holanda y, al menos hasta el momento, también en España. Desde la reforma aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, las mujeres pueden abortar libremente hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo para la salud materna y/o fetal (incluyendo las malformaciones). 

En todo el continente europeo, apenas supera la docena el número de países que limitan el aborto a otros supuestos más restrictivos. De entre ellos, sólo Irlanda, San Marino, Malta, Mónaco, Liechtenstein y Andorra no admiten tampoco la malformación fetal como motivo para poder interrumpir el embarazo. 

No obstante, Gallardón avanza, cada vez más, hacia el endurecimiento de la normativa que ni sus antecesores en el PP se atrevieron a modificar, incluso cuando gobernaron con mayoría absoluta, entre 1996 y 2004. Aunque en la historia de las filas conservadoras, curiosamente, consta que fue su propio padre, José María Ruiz-Gallardón (que era portavoz de Alianza Popular en el Congreso), quien recurrió la ley española de 1985. 

Parece que ahora su hijo pretende retomar la batalla que él empezó contra la interrupción voluntaria del embarazo, al anunciar estas medidas que eliminarán por completo el supuesto que el actual ministro considera moralmente reprobables y que, hasta el momento, sólo han sido bien recibidas por grupos provida y asociaciones de personas con discapacidad (vídeo).