No se saben los nombres, no han trascendido apenas detalles, pero lo que está claro es que PP y PSOE han conseguido cerrar un pacto para renovar cuatro órganos institucionales con vacantes pendientes, en algunos casos, desde hace varios años: el Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Junta Electoral Central (JEC). Ayer por la tarde faltaban por liquidar algunos flecos de la negociación, pero fuentes de ambos partidos consultadas por Público daban por hecho que el acuerdo era firme y no se iba a torcer. De todo diálogo ha quedado fuera RTVE, cuya primera fase del relevo culminó ayer con la elección del presidente de la Corporación, Leopoldo González-Echenique. 

Así las cosas, a lo largo de este viernes los dos partidos darán a conocer los nombres de los candidatos, justo el día en que vencía el plazo. Lo que todavía ayer permanecía en el aire era la puesta en escena del pacto. Ni PSOE ni PP podían precisar si habría rueda de prensa, y dónde, y si trascenderían los detalles por la mañana o por la tarde, cerca de la hora límite fijada por el Congreso, las 20 horas. 

Santamaría y Valenciano han pilotado un diálogo que han supervisado Rubalcaba y Rajoy

Las negociaciones para cubrir cuatro puestos del TC, 12 del Tribunal de Cuentas, cinco de la JEC y el Defensor las han pilotado directamente las respectivas números dos del Gobierno y del PSOE, Soraya Sáenz de Santamaría y Elena Valenciano, aunque la supervisión y el remate final ha correspondido a sus jefes, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, que primero en febrero y después en mayo se comprometieron a desatascar el bloqueo institucional. Los dos también han mantenido conversaciones con Josep Antonio Duran i Lleida, el portavoz en la Cámara baja de CiU, formación que pretende conseguir silla en los órganos pendientes de renovación, especialmente en el Constitucional . 

'Han trabajado mucho en el último mes [desde la reunión de Rajoy y Rubalcaba en la Moncloa] y con una discreción total', aseguraban fuentes del Grupo Popular. De la discreción poca duda cabe, pues hasta anoche no había trascendido el nombre de ningún aspirante. Sólo bullían las especulaciones. Más todavía ayer, cuando el asunto de la renovación institucional era la comidilla de la jornada en el Congreso. PSOE y PP sólo confirmaban el criterio con el que las dos fuerzas buscaron candidatos: perfil marcadamente técnico, no político. El precedente más inmediato, recuerdan ambas formaciones, remite al Banco de España: un hombre de la casa, Luis María Linde, para el cargo de gobernador; un experto en economía financiera, política monetaria y macroeconomía, Fernando Restoy, para ejercer de número dos.

Mucho se hablado de candidatos y también de posibles descartes. De las listas podrían haberse caído, según avanzaba ayer El País, Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado promocionado por el PSOE para el TC, y Enrique López, exportavoz del Poder Judicial defendido con uñas y dientes por el PP en el anterior proceso de renovación del Alto Tribunal, que correspondió al Senado. Para el Tribunal de Cuentas podrían haberse descolgado, justo por esa búsqueda de un currículum técnico, el exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán y el todavía secretario general técnico del Grupo Popular en el Congreso, Teófilo de Luis. En las quinielas emergió asimismo, en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa, la alternativa del exalcalde socialista de A Coruña Francisco Vázquez para Defensor del Pueblo, candidatura que ni siquiera todo el partido compartía.

CiU ha registrado nombre al TC; IU y UPyD se quejan de la exclusión 

Segura sí es la apuesta de CiU para el TC: hace dos semanas registró el nombre del catedrático Antoni Rovira, uno de los aspirantes elevados por el Parlament de Catalunya al Senado con consenso de PSC y CiU y que finalmente socialistas y conservadores rechazaron. La federación, no obstante, no pondría objeciones a que se eligiera a la otra candidata que Catalunya propuso a la Cámara Alta: Encarna Roca. Pero ni el uno ni la otra tienen segura la plaza: ayer mismo Duran i Lleida expresaba sus 'dudas' de que PSOE y PP se aviniesen a su deseo de que haya 'un catalán' en el TC. 

El resto de fuerzas apenas han contado para los dos partidos mayoritarios. José Luis Centella, primer portavoz adjunto de Izquierda Plural, se quejaba ayer en el Congreso de que no se haya reconocido a IU como tercera formación del Estado y su 'derecho' a participar en las instituciones del Estado. Acordando con el PP y excluyendo a IU, el PSOE daba un 'mal paso', subrayó. Rosa Díez, portavoz de UPyD, denunciaba también el sentido 'patrimonial' de socialistas y conservadores y su voluntad de 'pactar' cuotas de poder, informa Efe. 

Aunque hoy se conozcan los nombres de todos los candidatos, la mirada se centrará en quienes ocuparán las vacantes de los órganos más importantes y con mayor peso político: las cuatro del TC –pendiente de relevo desde noviembre de 2010– y la del Defensor del Pueblo, cuya situación de interinidad se prolonga desde hace justo dos años.