Cristóbal Montoro no podía disimular su satisfacción. Se le veía exultante ayer jueves tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Podía vender que el Gobierno ha logrado embridar las cuentas de las comunidades autónomas, que había conseguido que todas pasaran el estricto corte del Ejecutivo. De todas, a excepción de Asturias, y por una situación de interinidad política que se cancelará la próxima semana tras la investidura del nuevo presidente. Un 'éxito', precisó eufórico en rueda de prensa, que suponía dar un 'paso fundamental para la credibilidad de España' ante los ciudadanos, los mercados y Europa. 

El ministro de Hacienda se fijó mucho en el 'excelente'resultado final, en la aprobación de los 16 planes de ajuste de las autonomías. Pero reparó menos en el cómo, en cuál había sido la vía utilizada por las comunidades para conseguir contraer su déficit este año al 1,5% del PIB. Y esa arista no es menos relevante. Porque entre las regiones cumplidoras está Andalucía, que este martes dio el visto bueno a un recorte de 2.500 millones de euros que afecta sobre todo a los salarios de los funcionarios, supone una subida de impuestos y no ataca al núcleo de la sanidad y educación públicas, las dos grandes partidas de gasto. Tampoco apuesta por despidos de empleados públicos ni privatizaciones. Ni la consejera andaluza, Carmen Martínez Aguayo, ni el ministro negaron las 'discrepancias' iniciales. Incluso la representante socialista llegó a recalcar que la cita en la sede del Ministerio de Economía se había desarrollado en un ambiente 'tenso'.

El Ejecutivo prepara para julio una ayuda a la financiación de las comunidades

Pero al final las diferencias se apaciguaron, gracias a la 'buena voluntad de la Junta y del Gobierno de España' –señaló Montoro– y también a la actitud mediadora del conseller catalán, Andreu Mas-Colell. Al final, Andalucía compensará la previsión de ingresos procedentes de fondos europeos con una reducción extra de unos 300 millones de euros. Pero el grueso de su plan se mantiene. Es decir, que la alternativa de ajuste de la comunidad más poblada de España, que hace una semana estrenó un Gobierno de PSOE e IU, es válida para el Ejecutivo central. 'Merecedora de la aprobación' de Hacienda, según consignó Montoro. Se demuestra así que la vía del ajuste duro promovido por Rajoy, asentada en los graves mordiscos a sanidad y educación, no es la única posible. Tampoco el Gobierno tumbó las medidas de reequilibrio de País Vasco –que ha anunciado recurso de inconstitucionalidad por los recortes de Rajoy– y Navarra, cogestionada por los socialistas y los regionalistas de UPN. 

La aprobación de 16 de los 17 planes de viabilidad económico-financiera de las comunidades fue un alivio para el Gobierno, pues abre 'un camino que conduce a la recuperación de toda España, hacia el final de la crisis'. El ajuste global alcanzará los 18.349 millones de euros, ocho mil más de los inicialmente previstos. 13.071 millones procederán de reducción de gastos y los 5.278 millones restantes, por incremento de ingresos. ¿Cómo han articulado en líneas generales el ajuste las CCAA? Según explicó Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, las comunidades han optado por reducir gastos, más los corrientes que los de capital, y en la parte de ingresos lo que han recogido más ha sido la subida del tramo autonómico del IRPF o del céntimo sanitario o impuestos especiales de carácter medioambiental. Beteta, arrimando el ascua a la orilla del Gobierno, agregó que las medidas de las CCAA 'hacen un importante uso de los recortes previstos en materia sanitaria y educativa', convalidados ayer jueves en el Congreso, y que llegarán a casi 2.500 millones de euros. No ha sido el caso, nuevamente, de Andalucía.

Pese al acuerdo, el Ejecutivo no espera una reacción positiva de los mercados 'en horas'. 'La confianza no se consigue de la noche a la mañana, sino paso a paso, con madurez, tiempo y sin eludir las responsabilidades', remachó. 

El Ejecutivo someterá a las CCAA a una continua 'vigilancia'

Montoro también dejó claro que el CPFF no es más que el inicio del sendero, porque ahora comienza la ejecución de esos planes y la estrecha 'vigilancia' a que Hacienda someterá a las autonomías para que no se deslinden de sus compromisos. En un mes habrá otra reunión del Consejo donde el nuevo Gobierno de Asturias está convocado a la repesca y a la aprobación de su obligado recorte de 616 millones de euros. En esa cita también se examinarán los objetivos de déficit desde 2013 y hasta 2015. Mes a mes, el Gobierno irá publicando la ejecución presupuestaria de las comunidades (ahora se hacía cada trimestre) en aras de la 'transparencia'. Y el instrumento expeditivo de la sanción y la intervención, como prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no está de ningún modo descartado, como reconoció el ministro tras la insistencia de la prensa. 'Si no cumplen las autonomías, el Gobierno actuará. Es nuestra determinación. Igual que en los Presupuestos Generales del Estado. Si no vamos al objetivo comprometido, tomaremos medidas con nosotros mismos como Administración General del Estado y con las comunidades', dijo. 'No descartamos la aplicación de la ley, que está vigente. Si está vigente es para aplicarla, lo tiene claro todo el mundo'. 

No obstante, el Ejecutivo prepara asimismo para 'comienzos de julio' un 'dispositivo por parte del Estado de cobertura financiera para las comunidades'. ¿Serán los hispanobonos, los tan reclamados por las CCAA títulos de deuda emitidos por las autonomías y respaldados por el Tesoro? Montoro eludió utilizar ese término durante toda la rueda de prensa porque se ha sancionado el formado definitivo de ese instrumento: 'Es mejor no ser creativos con el lenguaje. El Estado va a estar ahí, y estamos valorando la mejor fórmula para que el Estado esté ahí sin que signifique dar a la comunidad ningún tipo de amparo que evite su responsabilidad. Hay distintas formulaciones y estamos estudiando cuál es la mejor'. Dicho de otro modo: el Gobierno podrá ayudar a las regiones avalando su deuda pero siempre y cuando estas se comprometan fehacientemente a cumplir a rajatabla los objetivos de déficit. 

Se cerraba así una cita... decisiva. ¿E histórica? 'No se trata de convertir la reunión en un hecho histórico', resolvió Montoro. Y remató: 'La única historia es cumplir. Y no me cabe duda de que haciendo el trabajo que hacemos generamos confianza y credibilidad. Lo que hace ganar credibilidad el trabajo y la acción del día a día. Dejémonos de palabras huecas'.