Desde que las clínicas abortistas de Aragón decidieron dejar de atender las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) y la ministra de Sanidad, Ana Mato, elaboró la reforma del Sistema Nacional de Salud (SNS), las dudas sobre la viabilidad de dicha prestación no han dejado de surgir.

Hoy la polémica apareció cuando la delegación aragonesa de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE (Acai) afirmó que un miembro del Gobierno autonómico les aseguró que dicho servicio (permitido actualmente hasta las 14 semanas de gestación) dejaría de pertenecer a la cartera básica de servicios sanitarios “antes de que concluya el año”.

 ¿La causa? “Que varios gobiernos autonómicos no tienen partida presupuestaria alguna destinada a financiar un servicio que tiene los días contados”, asegura la asociación en un comunicado. En el caso de Aragón, además, la deuda del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi con las dos clínicas acreditadas hasta el momento asciende a 800.000 euros.

Fuentes de la Consejería de Salud, por su parte, reconocieron a Público.es que existe “una gran deuda, heredada del anterior Ejecutivo”, pero también acusaron a los centros de haber roto “la negociación”. “No admitieron nuestros plazos de pago, así que buscamos otra clínica que cumpliera todos los requisitos para ofrecer el servicio: Aísa, en Zaragoza”, especificaron dichas fuentes.

Para Acai, “el nuevo centro no asegura los abortos por salud materna y patología fetal”. Además, la asociación “recomendará tomar oportunas medidas jurídicas […] ya que no podría entenderse ni justificarse cómo una Administración Pública puede pagar a unos proveedores y no a otros”, anuncian en el comunicado.

Respecto a la retirada del aborto voluntario de la cartera básica de servicios, que Acai asegura que fue confirmada por el Director de Planificación de la Consejería de Sanidad Aragonesa, las mismas fuentes del Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi aseguran que es “rotundamente falso”.

“Esa afirmación no ha salido de este departamento ni del Gobierno de Aragón, entre otras cosas, porque no tenemos potestad para ello”, añadieron. “Nosotros cumplimos la ley escrupulosamente y cualquier mujer que desee interrumpir su embarazo estará atendida. El resto es competencia del Ministerio”, concluyeron dichas fuentes.

Sin embargo, el Ministerio tampoco ha lanzado ningún mensaje claro al respecto. Acai también denunció hace días que la directora general de Farmacia y Cartera Básica de Servicios, Sagrario Pérez, tras una reunión con ella, no dejó clara su postura al respecto.

Asimismo, las declaraciones de la número dos del Ministerio, Pilar Farjas, tampoco contribuyeron a esclarecer el tema. Farjas sólo aseguró el mantenimiento del aborto por causas médicas, pero no hizo lo mismo con el voluntario.