El futuro de la educación y la sanidad como servicios gratuitos está en el centro del debate político desde que el lunes el Gobierno anunciara un recorte extra en esas dos áreas de 10.000 millones de euros. Ni el Ejecutivo ni el partido que lo sustenta, el PP, han querido concretar todavía en qué consistirá ese nuevo tijeretazo. Pero esta mañana los conservadores han dejado en el aire su voluntad de mantener esos servicios públicos en las condiciones actuales.

El Grupo Popular en el Senado ha votado en contra de la moción presentada por el Grupo Socialista, que instaba al Gobierno a 'no poner en peligro' la 'adecuada y suficiente' prestación de 'servicos públicos, como la sanidad, la educación, la dependencia y otros servicios sociales', durante la puesta en marcha del ajuste derivado de la consolidación fiscal y la distribución del objetivo de estabilidad presupuestaria. 

El senador conservador Francisco Utrera, que ha participado en el debate de la propuesta en la Cámara Alta, ha justificado su negativa en que, a su juicio, el del PSOE era un texto 'ambiguo y genérico'. 'Es un paso más en la pérdida de esa confianza que necesariamente hemos de dar a los prestamistas de España, los mercados internacionales', ha asegurado.

Utrera se ha referido al primer punto de la moción, que solicitaba al Gobierno que defendiera ante las instituciones europeas la 'revisión del calendario de consolidación fiscal' teniendo en cuenta las perspectivas de crecimiento de la economía española. El senador del PP ha asegurado que 'incluso cumpliendo los objetivos de déficit' la economía española sigue siendo 'deudora' y sigue necesitando financiación internacional. 'No se admite la revisión del calendario de justificación', ha recalcado.

Además, ha afirmado que el Gobierno está 'satisfecho' con las reuniones que ha mantenido con las Comunidades Autónomas y entidades locales a la hora de tratar sobre la prestación de servicios públicos básicos.

Joan Lerma, el senador socialista que ha defendido la moción durante el Pleno, ha querido dejar claro que su iniciativa no ha perseguido 'poner en ningún aprieto al Gobierno'. Sino que lo que ha buscado ha sido 'dejar claro' que su grupo está 'a disposición del Gobierno para sacar a España de esta situación'.

Los socialistas quieren que el Ejecutivo muestre 'garantías a quien no tiene responsabilidad de la crisis' de que no 'se les va a hacer pagar' sus consecuencias, 'garantizando un servicio público y universal' tanto en educación como en sanidad. Lerma ha insistido en que 'los ciudadanos han de ver que las consecuencias de la crisis se reparten equitativamente'. 

El Grupo Catalán que integra CiU se abstuvo al no ser admitida la enmienda de sustitución que presentaron al texto de los socialistas y por entender que la moción no inspira confianza en los mercados internacionales. Asimismo, el senador Ferran Bel ha defendido que la consolidación fiscal no puede ser la misma para todas las comunidades autónomas. 

Los grupos mixto y vasco no participaron en el debate y finalmente se abstuvieron. La votación arrojó un resultado negativo, con 158 nóes, 73 votos favorables y 19 abstenciones.