'Como ya se imagina, tiene que despojarse de la toga y sentarse' en el lugar reservado a los acusados. Fue el pie que el presidente del tribunal, Joaquín Giménez, dio al juez Baltasar Garzón para su gran momento. Declarar en el Tribunal Supremo, ante un público incondicional que había acudido a apoyarle, y aclarar, de una vez por todas, la clave del caso de las escuchas de la Gürtel: por qué intervino las comunicaciones de los imputados de la trama de corrupción en prisión.

Y lo hizo por una razón, que repitió una y otra vez ante los siete magistrados que le juzgan desde ayer: 'Para evitar la continuación delictiva de la organización liderada por los imputados presos'. En concreto, impedir el blanqueo de capitales que, pese a la operación Gürtel, 'se seguía produciendo', a través de 'las instrucciones dadas por los responsables de la organización', Francisco Correa y el considerado su lugarteniente, Pablo Crespo.

El juez asegura que los líderes de la trama daban órdenes desde la cárcel

Del tercer imputado en el caso, entonces también preso, Antoine Sánchez (el único que no ejerce la acusación contra el juez que le investigó en un primer momento), destacó que era primo de Correa, su testaferro y la persona elegida para desviar la atención cuando la Justicia empezó a investigar al hasta entonces encargado de la estructura de empresas del jefe de la trama en el extranjero, el también imputado José Ramón Blanco Balín.

Este abogado sustituyó a otro, Luis de Miguel, que fue el primero en ser investigado, lo que luego permitió que la Fiscalía Anticorrupción presentara la denuncia del caso Gürtel, en agosto de 2008, en el juzgado de Garzón.

Pero no son los únicos letrados implicados. Manuel Delgado y José Antonio López Rubal, imputados y desimputados en la causa que investiga la más importante trama de corrupción política destapada en los últimos años, también se hicieron cargo de los negocios de Correa. Y la pregunta del millón: ¿cambió algo cuando los actuales abogados de Correa y Crespo, José Antonio Choclán y Pablo Rodríguez Mourullo, asumieron su representación? 'La dinámica delictiva de la organización permaneció inalterable antes, durante y después; por eso se mantuvo la intervención. La intervención de los letrados era nuclear', remachó Garzón a preguntas de su abogado en esta causa, Francisco Baena Bocanegra.

De hecho, reprochó en el juicio a Rodríguez Mourullo que Crespo le relacionara a él con una cuenta espejo en una conversación que mantuvo con su esposa. 'No estaba yo en esa conversación. Cuando toque, se le dará la explicación oportuna', respondió el letrado.

La decisión de Garzón de contestar a todas las acusaciones pareció cogerlas desprevenidas. Sólo en las primeras preguntas, el magistrado, acostumbrado a sentarse del otro lado de la mesa, mostró un tono que no suele ser habitual en un acusado. Fue con el querellante, el exfiscal Ignacio Peláez. 'Letrado le inquirió Garzón,si puedo ver el auto... Si el presidente me deja ver el auto'. El acusado se rectificó al darse cuenta de que en ese momento no estaba ahí como juez.

Pregunta a uno de los abogados por la cuenta espejo con la que Crespo le vinculó

Después de ver la resolución en la que el 19 de febrero de 2009 acordó la intervención de las comunicaciones de los imputados de la Gürtel presos, Garzón respondió: 'Es evidente que la interpretación que adopto es que se pueden interceptar las comunicaciones con autorización judicial y no sólo en delitos de terrorismo', aseguró. Poco después recordó que, sin pretender descargar su responsabilidad en nadie, quien le relevó en la instrucciónde la causa, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, acordó prorrogar la medida. Porque la intervención sólo dependió de Garzón durante '42 días, no 75', al tener que remitir las actuaciones a los Tribunales Superiores de Madrid y de Valencia el 31 de marzo, por existir aforados.

Peláez llegó a pedir disculpas cuando a su afirmación de que la Fiscalía había 'requerido' a Garzón en tres ocasiones para que se expulsara de la causa la conversación que mantuvo con Correa, el acusado le recordó que nunca hubo tal 'requerimiento', sino meras peticiones con consecuencias jurídicas distintas. 'Estamos en un tribunal y los términos usados son importantes', aseveró el magistrado.

Añadió el juez que, en presencia de las fiscales del caso, la Policía le pidió 'verbalmente' la intervención de las comunicaciones para evitar que la trama moviera 'más de 20 millones de euros que estaban en cuentas deslocalizadas'. El fuerte ritmo con el que se desarrollan investigaciones de este tipo le llevó a adoptar la medida, sin necesidad de una solicitud por escrito.

El magistrado dice que no ordenó grabar a los letrados sino a los presos

A todos los letrados les respondió lo mismo: que la salvaguarda del derecho de defensa 'no es nada de estilo, sino el elemento nuclear' de la resolución en la que adoptó la intervención. Pero siendo así, ¿cómo se salvaguardó el derecho de defensa? 'En todas y cada una' de sus resoluciones, dijo, porque no utilizó nada obtenido de las conversaciones en las diligencias que practicó y ordenó su expurgo, días antes de tener que enviar el caso a los TSJ. Este corto plazo impidió que se eliminaran finalmente.

Pero ¿por qué optó por una decisión tan polémica? 'Era la única posibilidad que tenía para conjugar los intereses en juego: perseguir delitos y proteger los derechos de las partes. El derecho de defensa es tan sagrado para mí como para usted y todo el que conoce mi actividad en 23 años en la Audiencia Nacional lo sabe', respondió.