El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) acaba de eliminar el último obstáculo para la apertura de investigaciones sobre la presunta financiación ilegal del PP, gracias a sus presuntos manejos con la trama Gürtel. En un auto dictado el miércoles, el tribunal se ratifica en su resolución del 25 de mayo, cuando se declaró competente para encausar a cinco dirigentes del partido de Francisco Camps y a un ex alto cargo por graves delitos de corrupción penados con cárcel: prevaricación, cohecho (soborno), falsedad documental y delito electoral.

Difundido ayer, coincidiendo con la investidura de Camps, el auto del TSJCV marca el inicio de la recta final para la imputación de aquellos a quienes se atribuye alguno o algunos de los delitos antes enumerados: Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat en funciones; Milagrosa Martínez, exconsellera de Turismo y expresidenta de Les Corts; Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano; David Serra, vicesecretario general; Yolanda García, tesorera, y Rafael Betoret, exjefe de Gabinete de Turismo.

La investigación, que previsiblemente arrancará en julio, cuando el TSJCV decida si la aborda por separado o de manera conjunta con el caso de los trajes, se centrará en tres puntos: las cuentas de las elecciones autonómicas de 2007, cuando según Anticorrupción el PP ocultó al fisco 2,5 millones de euros; los contratos de Fitur para Orange Market, que superaron los siete millones de euros, y el supuesto pago encubierto de casi un millón de euros correspondientes a gastos del PP y que sufragaron, supuestamente, ocho empresarios afines al partido, mediante la aceptación de facturas falsas emitidas por sociedades de la trama corrupta.

El tribunal rechaza todos los recursos planteados contra su resolución del 25 de mayo. El PP y el magistrado conservador Juan Montero, que se desmarcó del auto emitiendo un voto particular pretendían que el tribunal excluyese de la lista de futuros imputados a Vicente Rambla y a Milagrosa Martínez. Lo investigado hasta ahora señala a ambos como presuntos autores de los delitos de cohecho y prevaricación. Rambla es asimismo sospechoso de haber cometido delito electoral en 2007.

Como era previsible, el tribunal desestima la reclamación de los socialistas valencianos (PSPV) para incorporar a Camps a la nueva causa. Y rechaza investigar los restantes contratos que obtuvo la trama. Es decir, queda de momento en el limbo judicial el escándalo de la visita del papa a Valencia en 2006, que proporcionó a la red una comisión ilegal de casi tres millones de euros.