Mercedes Alaya, con la toga sobre los hombros, parece pequeña sentada en una sala de vistas del desvencijado edificio judicial en el que trabaja en Sevilla. En la sede del juzgado de instrucción 6, entre archivadores repletos de papeles y puertas y paredes ajadas, sus colaboradores, los funcionarios judiciales, hablan discretamente sobre ella con un cierto punto de orgullo, lo que no es frecuente en ambientes judiciales. 'Yo no la cambio por otra', dice uno de ellos. Alaya, con su contundente instrucción sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, aparece cada dos por tres en portadas de diarios y telediarios nacionales. 'Con este caso está igual de implicada que con los demás', zanja otro de sus colaboradores.

La semana pasada, la junta de jueces de Sevilla -sus compañeros- la eximió por unanimidad del reparto de nuevos casos durante seis meses. Lleva unas cuantas causas de las 'gordas'. Entre manos tiene el caso Mercasevilla, del que como muñecas rusas han ido saliendo otros más, hasta llegar al asunto de los ERE, que trae de cabeza al Gobierno andaluz. También investiga varios casos de narcotráfico, un supuesto veto municipal a un acto del escritor Agustín de Foxá y a Manuel Ruiz de Lopera, el inefable dueño del Betis, por presunto delito societario, lo que en Sevilla es mucho decir.

La jueza ha dado sobradas muestras de su firme carácter y de ir a por todas, más allá incluso de lo que le piden las acusaciones. A Lopera lo interrogó durante horas y quiso llevar hasta donde pudo la investigación, en contra del criterio de la Fiscalía. La Audiencia, que suele apoyar sin fisuras sus instrucciones, le dijo que remontarse hasta 1993 era suficiente.

Con el caso Mercasevilla, lo mismo que con el caso Betis. Fue su tenacidad una de las causas que llevaron al descubrimiento de los falsos prejubilados vinculados al PSOE. Y, una vez más, destapado eso, no se quedó ahí. Ha seguido a por todas. Por primera vez en España, un juez ha solicitado a un Gobierno todas las actas de sus reuniones durante diez años. Está por ver si supera este trance, igual que salió airosa de la recusación, apoyada por la Fiscalía, presentada por una imputada en Mercasevilla. Su marido, Jorge Castro, fue auditor del mercado hasta el año 2002. La Audiencia la apoyó de nuevo. 'No parte peras con nadie', afirma uno de los denunciantes de Lopera. Algunos de sus investigados se quejan de que no les toma declaración hasta tiempo después de imputarlos. Primero, los investiga, deja que se cuezan en su propia salsa, y después los interroga.

En el ‘caso Betis' y en los ERE ha actuado igual. Ha ido más allá de lo pedido 

Alaya entró en 1988 en la carrera judicial. Lo logró muy joven, con 25 años. Fue destinada al juzgado de instrucción número dos de Carmona, cerca de su casa, Sevilla, donde vivió y estudió Derecho. En 1990, pasó al juzgado 4 de Fuengirola (Málaga) y, rápidamente, dos años después, regresó a Sevilla, al juzgado 20. Y en 1998, accedió al 6, donde está ahora.

El caso Betis le ha costado una inspección del Poder Judicial. Lopera presentó una queja por supuestas dilaciones en la investigación. 'Le hemos sugerido a los inspectores que vengan por la tarde a los juzgados a ver quién está trabajando', afirma un funcionario. A la salida del trabajo, se la ve a menudo con una maleta, lo que indica que se lleva trabajo a casa. En el PSOE, hay quien la llama la maleta Sanzsonite, aludiendo a unos supuestos vínculos entre los argumentos del secretario general del PP, Antonio Sanz, y los suyos sobre los ERE. 'No hay nada de eso. Es una profesional', rechazan sus colaboradores. Algunos socialistas también lo reconocen: 'Es una hormiguita, va paso a paso y es muy rigurosa', consideran.