A veces las malas noticias son un alivio, porque tienen la virtud de relegar a un segundo plano otras que son aún peores. La sentencia del pasado día 16 del Tribunal Constitucional contra la competencia exclusiva de Andalucía sobre el Guadalquivir incluida en su Estatuto fue recibida así por los socialistas andaluces. Por fin la actualidad les daba un respiro y dejaba de estar monopolizada por el endemoniado escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. Sin embargo, los dirigentes del PP tuvieron buen cuidado de no convertir el varapalo al Estatuto en asunto prioritario de su agenda. Y no sólo porque el PP apoyó el Estatuto, sino porque hablar del Guadalquivir no erosiona al PSOE y hablar de los ERE sí.

El Gobierno y el PSOE andaluz aún no están sobrepasados por el impacto político del caso de los ERE, pero sí están agobiados: son conscientes de que su arsenal dialéctico para contrarrestar su destructivo impacto está bajo mínimos. Su esperanza de acotar el alcance del escándalo una vez concluida la investigación interna limitando a 183 el total de irregularidades y a nueve millones el fraude quedó dinamitada esta semana por un inesperado y contundente auto de la jueza Mercedes Alaya en el que esta dirigía el foco de su instrucción directamente al Gobierno de José Antonio Griñán y a los de Manuel Chaves, al pedir a la Junta, entre otra ingente documentación, las actas de los 480 consejos de Gobierno de los últimos diez años.

'Es una causa general. Verlo todo a ver qué encuentra', dice un ex alto cargo

En ámbitos del partido y del Gobierno creen ver en esa petición de la juez una especie de 'causa general' contra la gestión socialista: 'Lo que está haciendo se llama proceso inquisitivo. Quiere verlo todo a ver qué encuentra', resume en privado un ex alto cargo. La intensa investigación judicial alargará la instrucción muchos meses, por lo que es casi seguro que el caso se solapará con las decisivas elecciones autonómicas de la primavera del año que viene.

El auto se hizo público en el peor momento posible para los intereses socialistas: el mismo día en que el consejero de Empleo informaba de que el total del dinero defraudado eran unos nueve millones. Al fin los socialistas podían contraponer su propia cifra a la de 700 millones aireada incansablemente por el PP como volumen del dinero defraudado. En el Gobierno y en el partido llegó a reinar un cierto optimismo. La cifra de nueve millones había sido adelantada el día anterior por la consejera de Presidencia, Mar Moreno, y los medios andaluces de sesgo conservador la habían escamoteado en sus portadas y cabeceras informativas. 'Es un buen síntoma, vamos por buen camino', admitían entonces fuentes del Gobierno, que veían esperanzadas cómo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que cada semana protagoniza Moreno, el número de preguntas formuladas por los periodistas sobre los ERE había pasado de unas 40 el martes 15 de marzo a menos de diez el martes siguiente.

La petición de las actas de los consejos de Gobierno deja al PSOE muy tocado

Aunque la procesión va por dentro, en medios gubernamentales aún les queda humor para celebrar un juego de palabras a propósito de la severidad de la jueza Alaya: 'Hay un Tribunal Penal de La Haya y un Tribunal Penal de la Alaya'. A nosotros nos ha tocado el segundo'. Pero el ingenio gaditano les servirá de poco para sobreponerse políticamente al caso. Aunque nunca lo dirán en público, en el Gobierno andaluz están convencidos de que la jueza ha sido injusta al aludir en el auto de marras a la 'falta de colaboración' de la Junta. Es quizá la expresión que más ha escocido a un Gobierno cuyo discurso de defensa en este escándalo siempre ha pivotado sobre su colaboración sin reservas con la Justicia, en contraste con la resistencia del PP a hacer lo mismo en casos como Gürtel.

En medios socialistas no descartan motivaciones políticas de la juez, pero tampoco motivaciones puramente corporativas: 'La petición de la Junta de personarse como parte perjudicada en la causa ha podido irritar a la juez y ha respondido con esos autos absolutamente desproporcionados'. Público ha podido saber que ha existido más de un roce entre la juez y la Junta de Andalucía: la negativa de la primera, semanas atrás, a recibir una documentación enviada por la Junta y la exigencia de esta de que Alaya pusiera por escrito esa negativa irritó con toda seguridad a la jueza.

Desde el Gobierno resumen así su estrategia para el futuro: 'Nos dedicaremos a acusar a los implicados y a seguir colaborando con la Justicia'. En realidad, apenas tienen margen para mucho más. Si acaso, sentarse a esperar alguna otra mala noticia, como la sentencia sobre el Guadalquivir, que les alivie de los ERE.