El PP se siente cómodo plagiándose a sí mismo, cortando y pegando una y otra vez su código ético y los textos en los que predica la lucha contra la corrupción. Ayer se volvió a ejercitar. Incluyó en su programa electoral del 22-M un folio y medio titulado Regeneración que no figuraba en el borrador hecho público la pasada semana. No hay medidas estrella, sino refritos de propuestas que los conservadores no han cumplido.

Lo que sigue es un resumen de las claves del documento del PP, al que se acompaña del relato de lo hecho por el partido. La teoría poco tiene que ver con la práctica.

El capítulo Regeneración viene encabezado por una declaración de la política como “actividad noble”. Es la misma definición que figura en Bases para el pacto por la transparencia y contra la corrupción, texto aprobado en Sevilla el 21 de noviembre de 2009.

Después, calca otros dos párrafos, en los que apela a combatir “con firmeza” las “prácticas corruptas”. “La lucha contra la corrupción es uno de los objetivos principales del PP, ya que el funcionamiento del sistema democrático no debe quedar nunca en entredicho por actitudes permisivas, indolentes o exculpatorias ante la gravedad de determinados comportamientos”, alega.

Pero esa es la máxima de Mariano Rajoy: no actuar. El líder del PP no expulsó del partido ni de su cargo a su tesorero y senador, Luis Bárcenas, ni al diputado Jesús Merino, ambos imputados en la Gürtel. Fueron ellos los que, el pasado abril, anunciaron el abandono de su escaño y militancia.

Rajoy tampoco echó al expresident balear Jaume Matas, acusado en los casos Palma Arena (por el que ya ingresó tres millones de fianza) y Ópera (en el que el juez pide 1,6 millones). Fue Matas quien reclamó su baja en el PP. Tampoco apartó a José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante e implicado en la trama Brugal. Ni por supuesto a Carlos Fabra, líder de la Diputación de Castellón, imputado por delito fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Y Francisco Camps ya ha sido ratificado como candidato, pese a seguir envuelto en el caso de los trajes –la Fiscalía le pide una multa de 41.250 euros– y verse rodeado por un presunto caso de financiación ilegal del PP valenciano.

En Madrid, gran epicentro de la Gürtel, Esperanza Aguirre expulsó del partido a los diputados autonómicos y alcaldes imputados en el caso.

El PP promete transparencia, pero oculta los sueldos de sus dirigentes

“Es preciso someter a un mayor control y fiscalización los ingresos, el patrimonio, las actividades privadas y las actuaciones públicas de todos los cargos públicos. Por ello, publicaremos las retribuciones íntegras de los cargos públicos y electos, directivos y personal de confianza de las instituciones y de sus gastos de representación”, promete el PP.

La realidad es que el partido se ha negado, de forma reiterada, a facilitar los sueldos de sus cargos. Ni siquiera confirmó si Rajoy cobra al año 200.000 euros, como avanzó Público. El único sueldo que se conoce es el de la secretaria general, María Dolores de Cospedal: percibió 240.000 euros en 2009. Pero esos datos no los declaró de forma voluntaria, sino obligada por una ley de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde es diputada.

El PP tampoco fue muy exigente cuando José Bono y Javier Rojo reclamaron medidas para aumentar la transparencia de diputados y senadores. Planteó que se conociese una cifra global del patrimonio de los parlamentarios y se mantuviese la privacidad sobre sus rentas o ingresos.

Pide que se proteja a los denunciantes, mientras acusa a jueces y fiscales

En las Bases de 2009 el PP también planteó, como ayer, “ampliar y endurecer los tipos penales relativos a la corrupción”. Entre las medidas, Rajoy propone “ampliar los plazos de prescripción” de esos delitos, punto que ya recoge la reforma del Código Penal aprobada en junio de 2010, y en la que el PP se abstuvo en el Congreso. Sin embargo, el partido aún no ha ofrecido explicaciones por el caso Fundescam, en el que la Fiscalía observó falsedad documental y delito electoral en las campañas de 2003 y 2004, pero que no siguió investigando al considerar que estaba prescrito.

El PP también promete “endurecer las penas por denuncias falsas”. Hay que recordar que la formación se apoyó en la denuncia de Eduardo Hinojosa –dueño de Forever Young, la empresa que vendía la ropa a Camps– contra José Tomás, el sastre del president, para descalificar el caso de los trajes. El juez de la Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, levantó la imputación al sastre. El mes pasado, el abogado de Tomás denunció en Anticorrupción que Forever manipuló la contabilidad interna para atribuir a Álvaro Pérez, el Bigotes, compras de Camps. Esa orden de falsificar facturas fue dada, según el sastre, dos días después de que Hinojosa se reuniera con Federico Trillo, cerebro jurídico del PP.

Los conservadores quieren más “protección de los empleados públicos que denuncien” la corrupción. Al tiempo, han atacado a los fiscales, jueces y policías que investigan la corrupción de sus dirigentes.

“Proponemos publicar detalladamente los procedimientos de concesión de contratos” y con el “máximo nivel de transparencia”, dice ahora el texto Regeneración. La exigencia de mayor “transparencia” también estaba en las Bases de 2009. Y los hechos, de nuevo, desmienten los buenos propósitos.

La Generalitat de Camps, por ejemplo, ha rechazado una y otra vez las peticiones formuladas por la oposición para tener acceso a los contratos con la trama Gürtel, muchos de ellos fraccionados de forma irregular.

Las Bases de un pacto contra la corrupción se han enterrado entre reproches de PSOE y PP por falta de voluntad. Y el código ético que los conservadores alumbraron en diciembre de 2009 (de raquítica eficacia, pues no contiene sanciones para los condenados) sigue siendo, a día de hoy, papel mojado. 

El vicepresidente económico de la Generalitat Valenciana, Gerardo Camps, aseguró ayer que su Gobierno autonómico va a recuperar los 2,5 millones de euros que pagó en 2005 al arquitecto Santiago Calatrava por un proyecto que nunca se realizó.

La Generalitat anunció en octubre la subasta del solar sobre el que debían levantarse las torres planeadas, parcela que es objeto de litigio. Camps negó que esto suponga “ningún problema”.

“El proyecto, junto con el solar, saldrá a pública subasta y por lo tanto habría un ingreso en las arcas de la Generalitat que correspondería al proyecto más el solar”, apuntó el vicepresidente como fórmula de recuperación del dinero gastado por la Generalitat.

Camps defendió la adjudicación a Calatrava sin concurso público por un procedimiento que, “en función del objeto artístico”, permite “contratar directamente a la persona que sólo él pueda prestar determinados servicios”. La figura es “legal”, defendió, pero su empleo fue criticado en el auto del juez que impuso a Matas 1,6 millones de fianza por adjudicar a Calatrava, también a dedo, otro proyecto fantasma: la Ópera de Palma, informa Belén Toledo.