El Ministerio de Justicia ha rechazado hoy la petición de la Plataforma de Afectados por la Causa de los Niños Robados de crear una oficina de atención que coordine sus demandas, pero ha aceptado designar un interlocutor que facilite sus gestiones ante las distintas instituciones implicadas.

Así lo ha anunciado hoy el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en declaraciones a los periodistas tras reunirse con varios miembros de la Plataforma en la sede de su departamento, en las que ha asegurado que la figura de un coordinador es más 'operativa' que la creación de una oficina.

'Hemos decidido tener una persona coordinadora de las diversas plataformas que existen o que se puedan constituir entorno a esta cuestión y que pueda trasferir también la información necesaria', ha señalado Caamaño.

El ministro ha explicado que el coordinador también hablará con las comunidades autónomas para que éstas le faciliten la información necesaria sobre esta causa.

El ministro de Justicia ha destacado, además, que se creará un programa especifico en el Instituto Nacional de Toxicología 'por si es necesario hacer pruebas de ADN siempre que así lo soliciten los jueces o fiscales en su tarea de investigación'. Justicia pondrá a disposición de los afectados por los robos de bebés en clínicas españolas desde los años cuarenta hasta los noventa la Dirección General de los Registros para que estos 'puedan encontrar los datos que estimen oportunos'. Asimismo, el departamento de Caamaño se coordinará con el de Sanidad y con las Comunidades Autónomas en las que existan registros sanitarios.

'El único propósito es colaborar con el Poder Judicial, con los afectados y, sobre todo, si se acreditan los hechos tan graves como los que están denunciando, que el peso de la ley recaiga sobre las personas que hayan cometido delitos', ha subrayado el ministro. Caamaño ha insistido en que Justicia sólo puede actuar en el ámbito de sus competencias, que es el de 'ser un elemento prestacional de un poder independiente del Estado, como es el Judicial'.

Por su parte, la portavoz de la Plataforma, Mar Soriano, se ha mostrado 'bastante contenta' por la 'plena colaboración' mostrada por el titular de Justicia durante el encuentro, ya que será el Estado el que dé las pautas para la investigación de la causa. Soriano ha celebrado que los gastos de las pruebas de ADN que deban realizarse sean financiadas por la Administración, lo que, en su opinión, 'ofrece plenas garantías de que nuestros datos están en buenas manos'.

'Quien tiene que cotejar datos es el Estado, quien tiene que facilitar las pruebas de ADN es el Estado y quien tiene que facilitar que no tengamos gasto añadido es el Estado y esto, a día de hoy, es a lo que Francisco Caamaño se ha comprometido sin ningún tipo de restricción', ha manifestado Soriano.

Antes de reunirse con el ministro de Justicia, Soriano ha mantenido un encuentro con la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, quien ha mostrado su apoyo a la Plataforma y le ha insistido en la obligatoriedad de que haya un marco legal para que las investigaciones de los casos de niños robados se lleven a cabo. Tras el encuentro con la Defensora, la portavoz de la Plataforma ha registrado en el Congreso de los Diputados un documento en el que se recogen sus reivindicaciones y donde pide apoyo para su causa a los grupos parlamentarios.

El texto subraya que la manera de coordinar la investigación de los niños robados es 'implicar a las diferentes instituciones administrativas', entre las que el Ministerio de Sanidad 'jugaría un papel fundamental'. Así, Sanidad podría impulsar desde los hospitales las incorporaciones en los historiales médicos de los ADN codificados de todos los ciudadanos, de tal manera que se podrían hallar datos coincidentes entre los afectados que buscan a sus familiares robados al nacer.