Cuando a primera hora de la mañana comenzó a circular el nombre de Enrique Ortiz como una de las personas a las que buscaban los policías de la UDEF, reapareció la sombra del caso Gürtel. El empresario aparece citado en varias ocasiones en el sumario del caso que instruye el juez Antonio Pedreira como uno de los mecenas que financió irregularmente al PP valenciano, aunque no está imputado.

Un informe de la policía recoge comprometedores correos electrónicos que ponen de manifiesto cómo varias empresas pagaban las facturas del PP valenciano. En uno de ellos, una empleada de Álvaro Pérez, El Bigotes, da instrucciones para que cuatro facturas del partido de Francisco Camps sean abonadas por esos empresarios.

Ortiz recibió 205 millones del Gobierno de Camps en adjudicaciones

Dos de ellas, de 31.784 y 84.100 euros, respectivamente, debían ser endosadas a la firma Ortiz e Hijos, cuya sede en Alacant fue registrada ayer por los mismos policías que investigan aún el caso Gürtel. Según las pesquisas, esta empresa obtuvo contratos de la Administración valenciana entre 2005 y 2008 que ascienden a un total de 205 millones de euros.

Pero Ortiz no sólo tenía contactos en la Administración autonómica. El Ajuntament de València, también gobernado por el PP, adjudicó en 2002 a Ortiz e Hijos el contrato del aparcamiento subterráneo de los Jardines de Monforte por un valor de 5,4 millones de euros, como aparece igualmente recogido en el sumario del caso Gürtel. Ortiz, máximo accionista del Hércules, al que ha ascendido a Primera desde una situación de quiebra, tuvo que regresar ayer de los sanfermines a la carrera al conocer el requerimiento policial.

El empresario volvióde los sanfermines para declarar ante la policía

La trama de adjudicación a una Unión Temporal de Empresas de la recogida de basuras en Orihuela también ha devuelto a la actualidad una empresa conocida por figurar en la investigación del caso Gürtel. La UTE adjudicataria en Orihuela está constituida por Liasur, Gobancasta y Sufi.

Esta última fue mencionada en su momento por el alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago, en su declaración ante la policía. El regidor relató cómo el presunto cerebro de la trama, Francisco Correa, le había visitado en su despacho en febrero de 2003 ofreciéndole el pago de 2,1 millones de euros si adjudicaba el contrato de la recogida de basuras y limpieza a Sufi.

La misma empresa obtuvo contratos que están siendo analizados por el juez Pedreira en las localidades de Boadilla de Monte y Majadahonda, cuyos alcaldes y varios concejales están imputados en el más grave caso de corrupción de los últimos años.