El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, llamó ayer a la insumisión a la Ley del Aborto. A la salida de la junta directiva nacional del Partido Popular, el dirigente conservador hizo unas declaraciones incendiarias. Valcárcel aseguró que 'de momento no hay razones' para acatar la ley porque aún no se ha resuelto del 'todo' el recurso de inconstitucionalidad que presentó su partido el pasado 1 de junio. A su juicio, mientras no haya sentencia firme, no hay nada de lo que hablar. El Tribunal Constitucional tarda de media seis años en emitir su fallo, informa María Jesús Güemes.

Valcárcel señaló que su formación había mantenido su 'criterio' en todo este asunto y se mostró confiando en que se impugne. 'Seguiremos buscando las vías jurídicas, en ellas estamos, y cuando se haya resuelto todo, ya veremos a ver qué es lo que se hace. De momento no hay razones para acatarlo', zanjó.

Sus declaraciones levantaron un gran revuelo en su partido. La responsable de política social del PP, Sandra Moneo, se vio obligada a salir para explicar sus palabras. Pero lo único que dijo fue que en las comunidades donde gobiernan los conservadores 'harán el máximo esfuerzo por ofrecer a las mujeres y jóvenes una alternativa' distinta al aborto frente a los embarazos no deseados.

En el partido reconocían que su compañero de filas les había puesto en una encrucijada. 'Es una opinión suya', aseguraban fuentes del PP tratando de quitar hierro al asunto. Pero nadie lo desautorizó. El PP no quería entrar ayer en esta polémica. De hecho, Mariano Rajoy eludió hacerlo durante su intervención en la reunión con sus dirigentes, precisamente el día en que la norma entraba en vigor. A nadie le pasó desapercibido.

En la Consejería de Sanidad de Murcia justificaron su insumisión en la imposibilidad de tener listo el sobre con información sobre las ayudas al embarazo que se debe entregar a las mujeres que quieran abortar para que reflexionen antes de decidir. 'Con lo rápido que se ha desarrollado el tema, no vemos que la información al ciudadano pueda estar hecha debidamente', justificó la directora general de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud, Magina Blázquez.

Aído explica que en los primeros días de puesta en marcha 'habrá ajustes'

En la consejería también justificaron su negativa a aplicar la ley por la falta de conciertos con las clínicas privadas. Según explicaron, ninguno de estos centros se ha dirigido a ellos, cuando es el Gobierno autonómico el que debe concertar el servicio si la prestación no está garantizada en el sistema público.

La Ley del Aborto no distingue si los abortos se realizan en un centro privado o en un hospital público. Lo que persigue es que la prestación se financie 100% con dinero público y a la mujer no le cueste ni un solo euro.

Descartado que la Sanidad murciana asuma el coste de los abortos por el momento, incumpliendo la ley, ¿qué pasará si una mujer acude a interrumpir su embarazo a un centro privado? 'No lo sabemos, supongo que lo podrán hacer', responden fuentes de la consejería.

El rechazo frontal del presidente murciano al aborto choca con los datos. Murcia es la autonomía donde más mujeres abortaron en 2008, con una tasa de 16,59 interrupciones voluntarias de embarazos por cada mil mujeres.

Otro gobierno del PP hizo gala de su rechazo a la ley. 'Es un día muy triste', lamentó el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty. También avanzó que 'va a proteger en todo momento el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios'.

Por primera vez, una ley reconoce explícitamente el derecho de los profesionales a objetar. Esto no impide que se interrumpan embarazos en las clínicas privadas mediante conciertos. De hecho, en la Consejería de Sanidad madrileña aseguraron que el gasto correrá a su cuenta, como marca la ley. Madrid también ha elaborado correctamente en plazo y forma los sobres que se deben dar a las mujeres.

Madrid protegerá 'en todo momento el derecho a la objeción' sanitaria

El caso de la Comunitat Valenciana es similar. Las críticas de la Generalitat (PP) a la ley enturbiaron su actuación. La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, lamentó que se haya perdido la 'oportunidad' de suspender la entrada en vigor de la ley 'hasta que estuviera delimitada su constitucionalidad'. Pese a las críticas, la Generalitat ha elaborado los sobres para que las mujeres reflexionen antes de abortar en las primeras 14 semanas de gestación. También ha constituido tres comités clínicos (la ley sólo exige uno) para que determinen los casos de malformación grave del feto que justifiquen el aborto más allá de las 22 semanas.

Otra autonomía gobernada por el PP, Galicia, se mostró ambigua en el cumplimiento de la norma. A diferencia de Madrid y la Comunitat Valenciana, no ha informado correctamente a las clínicas privadas que realizan abortos de los datos que deben introducir en los sobres para que las mujeres reflexionen antes de abortar. En la Consellería de Sanidade ni confirman ni desmienten esta afirmación. 'La respuesta oficial es que Galicia va a aplicar estrictamente la ley, como no puede ser de otra forma', se enrocaron en la consejería.

Por su parte, Navarra continúa abanderando el rechazo a la ley. Su Gobierno (UPN) recurrió hace un mes la norma y su presidente lleva semanas anunciando que no la cumplirá. Ayer, la consejera de Salud, María Kutz, aseguró que 'garantizará la prestación'. Eso sí, 'fuera de la comunidad foral', continuando con su política de no permitir ni un sólo aborto en su territorio. De esta forma, incumplirá la ley, que establece que sólo en casos 'excepcionales' se podrá derivar a las mujeres a otras autonomías.

Los ministerios de Sanidad e Igualdad evitaron referirse al boicot de las consejerías conservadoras. La titular de Igualdad, Bibiana Aído, reconoció que 'los primeros días habrá ajustes' y confió en que la ley se implante 'sin mayores problemas'. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, destacó que si las autonomías no cumplen, 'las mujeres podrán acudir a un centro acreditado y luego pedir el reembolso'.