No habrá comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Al menos no la habrá antes del pleno de hoy en el que se discutirá la suspensión cautelar de funciones del juez Baltasar Garzón. Los nueve vocales nombrados a propuesta del PSOE no llegaron ayer a un acuerdo para pedir formalmente al presidente del órgano de Gobierno de los jueces, Carlos Dívar, la convocatoria de una reunión de la comisión que debe autorizar la declaración de servicios especiales solicitada por el juez de la Audiencia Nacional para irse como asesor externo a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

No obstante, fuentes del Consejo señalaron que las conversaciones continúan y si cinco vocales muestran su conformidad, se solicitará. Y Dívar tendrá la última palabra. El límite son las 11.00 horas de este viernes, cuando está previsto que comience el pleno. En cualquier caso, la permanente puede estudiar la autorización, incluso, después de que Garzón sea suspendido.

Las mismas fuentes señalaron que los cinco vocales de la comisión permanente han encontrado hasta algún caso de jueces que no se encontraban en activo a los que se ha concedido esta situación. Este órgano del CGPJ tiene la última palabra y, para ello, estudiará la solicitud junto con toda la documentación que pidió el miércoles. En ella figura el visto bueno del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Pero si para conceder el permiso es indiferente que el juez esté suspendido, ¿por qué tanto revuelo en torno a la convocatoria de la comisión permanente? Por una cuestión de 'matiz'. No es lo mismo conceder una comisión de servicios especiales a un juez que sigue en activo que concedérselo cuando está suspendido.

Si la declaración de servicios especiales se hubiera producido antes del pleno, probablemente no se suspendería a Garzón, pese al auto de apertura de juicio oral dictado por Luciano Varela por haber abierto la primera causa penal por los crímenes franquistas. Por lo menos el debate se mantendría en otros términos. Porque el juez al que, como prevención, se iba a apartar del juzgado, lo hacía por sí mismo.

Pero, seguramente, en el pleno que debe decidir sobre el expediente de suspensión cautelar iniciado el pasado mes de febrero apresuradamente se planteará la solicitud cursada por Garzón. Él mismo presentó ayer un escrito en el Consejo en el que argumenta que el auto de apertura de juicio oral dictado por Varela, pese a que no es recurrible, puede todavía quedar sin efecto. Se basa en que la Sala de lo Penal del Supremo puede aún estimar el recurso de apelación que ayer interpuso contra la denegación de los expertos en justicia universal que había solicitado. Dar la razón a Garzón supondría revocar el auto que le sienta en el banquillo.

Habrá que ver qué deciden Dívar y los 16 o 17 vocales que intervendrán en el pleno. Los siete nombrados por el PP que solicitaron su convocatoria extraordinaria son claros partidarios de la suspensión, aunque una de ellos, Gemma Gallego, podría quedar excluida del debate, si se estima la recusación que Garzón presentó. El que seguro se sumará a los recusados Margarita Robles y Fernando de Rosa será José Manuel Gómez Benítez, que pidió su abstención.