Javier Delgado
El juez que rechaza 70 artículos del Estatut

 Javier Delgado es uno de los magistrados que sirve de ejemplo de lo que algunos no quieren en el Tribunal Constitucional: que se convierta en un cementerio de elefantes procedentes del Tribunal Supremo, cuando requiere unos conocimientos muy distintos a los necesarios en la jurisdicción ordinaria.

Este ex presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial fue nombrado magistrado del TC en 2001 por el Congreso. Es decir, en noviembre de este año cumplirá los nueve años para los que fue elegido y se convertirá en uno de los cuatro que, si no se remedia, se sumarán a los que deberían haber sido sustituidos en diciembre de 2007.Delgado, de 78 años, es uno de los magistrados a los que se enmarca en el sector conservador del alto tribunal. Fuentes jurídicas afirman que en las deliberaciones del Estatut de Catalunya él era partidario de declarar inconstitucionales alrededor de 70 de los 112 artículos y 12 disposiciones del Estatut catalán que recurrió el PP. Por eso se considera difícil que firme una sentencia con Manuel Aragón, que estuvo a punto de suscribir la que proponía Elisa Pérez Vera, en la que sólo se declaraban inconstitucionales 15 y se interpretaban otros 24.

Nacido en Barbastro (Huesca), Delgado fue el número uno de las oposiciones a secretario judicial de 1959. Tres años después ingresó en la carrera judicial. Fue elegido vocal del primer Consejo General del Poder Judicial y desde allí pasó a la Sala Tercera del Tribunal Supremo. En 1996 fue elegido presidente del Supremo y del CGPJ. Durante su mandato se aprobó por unanimidad el Libro Blanco de la Justicia, que el Consejo consideró la base para la firma de un pacto de Estado que cuatro años después suscribieron PP y PSOE.

Vicente Conde es un magistrado conservador que también procede del Tribunal Supremo, donde se lo recuerda por la defensa que hizo a favor de la desclasificación de los papeles del Cesid en las deliberaciones que se mantuvieron. Fue elegido magistrado del Constitucional por el Senado junto a la presidenta, María Emilia Casas, y el vicepresidente, Guillermo Jiménez.

El momento de mayor tensión que le tocó resolver fue la guerra de recusaciones que vivió el alto tribunal en relación con la reforma de su ley reguladora, que prorrogaba automáticamente el mandato de la presidenta y el vicepresidente mientras siguieran siendo magistrados.

El episodio se saldó con un duro auto del Constitucional en el que se acusaba al PP de no haberle mantenido 'el respeto que institucionalmente' merece. Era la resolución que rechazó las recusaciones que el partido había presentado contra tres magistrados progresistas.

Pero, para llegar a ese extremo, Vicente Conde tuvo que asumir la presidencia del Constitucional en sustitución de Casas y de Jiménez, apartados al tratarse de una norma que les afectaba. El PP había recusado a tres magistrados y el Gobierno a los dos conservadores que habían enviado una carta a la presidenta en la que le pedían que dimitiera y mostraban su desacuerdo con la medida.

Con ese panorama no había quórum para que se reuniese el Pleno. Conde optó porque todos los recusados participaran en la resolución de la planteada por el PP, que fue rechazada.  Pero la del Gobierno sí fue estimada y Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, que sí tuvieron que ausentarse del pleno, acabaron siendo apartados de las deliberaciones para resolver el recurso del PP contra la ley reguladora del TC. 

Rara es la resolución relevante del Constitucional a la que Jorge Rodríguez-Zapata no aporta un voto discrepante. Durante años no lo firmaba solo. También lo suscribía el magistrado Roberto García-Calvo, fallecido en mayo de 2008. Eran prácticamente inseparables.

Este letrado del Consejo de Estado, nacido en Montevideo en 1948, es el único magistrado que discrepó de sus compañeros en la sentencia que avaló la paridad de las listas electorales prevista en la Ley de Igualdad. A su juicio, la norma vulnera la libertad ideológica y de autodeterminación de los partidos. Rodríguez-Zapata es el ponente de la sentencia que dictará el alto tribunal para resolver el recurso del Defensor del Pueblo contra el Estatut catalán. Dicen que es mucho más restrictiva que la que proponía la ponente del recurso del PP hasta el 16 de abril, Elisa Pérez Vera.

Elegido por consenso del PP y el PSOE en 2002, para cubrir la vacante dejada por Garrido Falla, fue uno de los protagonistas de la guerra de recusaciones que se vivió en el TC en 2007, en concreto, durante las deliberaciones del recurso del PP sobre la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

De telón de fondo estaba el Estatut, en el que el Partido Popular logró apartar de las deliberaciones al magistrado Pablo Pérez Tremps. Cuando se aprobó la LOTC, la presidenta, María Emilia Casas, reunió a los magistrados. Tanto él como García-Calvo le enviaron una carta mostrando su discrepancia por la prórroga del mandato. El PP recusó a tres magistrados progresistas, y el Gobierno a los firmantes de la carta. Estos dos fueron los apartados de las deliberaciones.