Fue el único presidente democrático europeo fusilado durante el auge del fascismo en Europa. Ayer, cuando han transcurrido casi 70 años desde su asesinato, el nombre de Lluís Companys se escribió de nuevo en las páginas de la historia, esta vez por un motivo muy distinto: abrir la puerta a la anulación de los consejos de guerra franquistas.

La Fiscalía General del Estado avaló ayer un informe que concluye que la Ley de Memoria Histórica de 2007 declara la ilegitimidad de los Tribunales de Responsabilidades Políticas y los Consejos de Guerra de la dictadura, por lo que es improcedente presentar recursos contra las sentencias que dictaron ya que estas son nulas de pleno derecho.

Los fiscales creen que la ley de 2007 ya invalidaba los juicios militares

La Junta de Fiscales de Sala estudió este asunto, a raíz del acuerdo entre la Generalitat de Catalunya y la familia del ex president, para instar a la Fiscalía a plantear ante el Tribunal Supremo (TS) un recurso de revisión, con el fin de obtener la anulación de las sentencias que le condenaron a muerte. La decisión anula el fallo, pero no revisa el proceso, como habían reclamado las asociaciones de defensa de la memoria histórica. Según la Junta de Fiscales, la aplicación de la Ley de la Memoria convierte en 'nulas de pleno derecho' las sentencias dictadas por el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Barcelona, del 13 de diciembre de 1939, y del Consejo de Guerra de Oficiales Generales, el 14 de octubre de 1940, previas a la ejecución de Companys.

Según el documento hecho público ayer, la misma norma establece la ilegitimidad de las resoluciones de esos tribunales 'y, concretamente, por vicios de forma y fondo, de las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia impuestas durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior'. El auto desencadenó una fuerte controversia.

'No se puede cerrar de esta forma un crimen contra la humanidad'

Mientras el Govern y CiU lo aplaudieron, ERC lo calificó de 'vergonzoso' y 'decepcionante'. 'No se puede cerrar de esta forma un crimen contra la humanidad del que fue objeto el presidente de un país', lamentaron desde la Comissió per la Dignitat. La Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica calificó el informe de 'salida por la tangente'.

La Generalitat anunció en su día que pondría los medios para anular los casi 111.000 consejos de guerra que se celebraron en Catalunya los primeros años de posguerra. El caso de Companys se tomó como paradigma y la familia siguió un complejo proceso que arrancó en 2008.