El decreto del gallego en la enseñanza no universitaria, cuyo borrador fue difundido este lunes por la Xunta de Galicia, ha levantado sarpullidos en partidos políticos, sindicatos y organizaciones en defensa de la lengua, que se manifestaron ayer en varias ciudades y municipios gallegos.

Esbozado el pasado sábado por el gobierno conservador, el documento le concede un peso significativo a las familias, que podrán elegir el idioma en el que serán educados los niños matriculados en Infantil.

'La lengua predominante del alumnado', reza el texto, 'se determinará de acuerdo con el resultado de una consulta que se efectuará a cada familia antes del comienzo del curso escolar acerca de la lengua materna de su hijo o hija'.

Esto, en la práctica, supondrá que los padres podrán elegir el idioma en el que serán educados los suyos. Y, en opinión de los colectivos sociales a favor del gallego, equivale a la 'desaparición' de la lengua autóctona en las ciudades, donde más apego tiene el castellano entre la población. 'Será letal para el gallego, que se convertirá en una lengua extranjera, ya que la educación en esta lengua será inviable en urbes y pueblos', opina el portavoz de Queremos Galego!, Carlos Callón, quien critica que no se preguntará a los padres en qué idioma quieren que sean educados sus hijos, sino cuál hablan en sus casas. 'Que no se comuniquen en gallego no significa que no quieran que sus hijos lo hablen'.

En Primaria, Matemáticas se impartirá en castellano y Conocimiento del medio, en gallego, pero las familias podrán modificar la asignación a través de una consulta que tendrá lugar cada cuatro años. Lo mismo sucederá en Secundaria, donde las materias sociales se enseñarán en gallego y las de ciencias, en castellano. 'En el primer caso, somos la única comunidad autónoma en la que el idioma propio va a ser vetado en algunas materias', asegura Callón, 'algo que ni ha ocurrido en la Comunitat Valenciana o Illes Balears cuando gobernaba el PP'.

La decisión de hacer vinculante —y no solamente orientativa— la decisión de los padres responde, según Vieiros, a las presiones ejercidas en los últimos días por los sectores más españolistas del PP sobre el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, con el visto bueno de Génova. Fuentes del PP citadas por este diario digital también aseguraron que la ex alcaldesa de Vigo, Corina Porro, llegó pedir el respaldo a estas tesis al líder conservador, Mariano Rajoy, puenteando al jefe del Ejecutivo regional.