El abogado defensor del presunto pirata Abdu Willy, detenido tras el secuestro del atunero Alakrana, propuso hoy que su cliente sea expulsado de España en un plazo de tres días al ser considerado cómplice y no autor de un delito de detención ilegal, al tiempo que aseguró que el fiscal 'tiene las manos atadas y espera instrucciones de la Fiscalía General del Estado, que depende del Gobierno'.

Eso sí, Francisco Javier Díaz Aparicio se negó a detallar quién le ha contratado para defender al supuesto corsario.

'Entiendo el interés informativo, pero no puedo respondérselo', dijo. '¿El Gobierno?', le preguntaron. 'No puedo respondérselo', insistió. Abdu Willy ha pasado de tener un abogado de oficio a un letrado que cobra su minuta, pero la pregunta del millón es: ¿Quién le paga a Díaz Aparicio?

La reunión entre el abogado y el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, se produjo unos minutos antes de que el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, recibiese a una representación de los familiares de los secuestrados, que posteriormente se reunieron en la Moncloa con Zapatero.

¿Le paga el Gobierno?, le preguntaron. 'No puedo responderle'

Díaz Aparicio fue duro cuando llegó la hora de las declaraciones a la prensa: 'Mi impresión es que el fiscal no tiene capacidad de decidir, poco más o menos que no tiene las manos libres para decidir'. El letrado, además, reclamó a Burgos que proponga al juez Santiago Pedraz que ejecute la expulsión de los dos presuntos piratas somalíes apresados tras la captura del barco para facilitar la resolución del secuestro.

Fuentes de la Fiscalía, por su parte, señalaron que en la reunión Burgos se limitó a escuchar la solicitud del letrado sin detallar la posición que adoptará al respecto. Por su parte, un portavoz de la Fiscalía General del Estado señaló que el Ministerio Público no tenía previsto realizar ningún tipo de petición al juez (lee las vías legales para el regreso de los piratas).

Díaz Aparicio, que compareció ante los medios de comunicación a las puertas de la Audiencia Nacional, justificó su petición argumentando que, al ser cómplice y no autor de los secuestros, Abdu Willy sólo podría ser condenado a un máximo de seis años, por lo que podría ejecutarse su expulsión del país de acuerdo con la Ley de Extranjería.

'Mi impresión es que el fiscal no tiene capacidad de decidir', dice Díaz Aparicio

En concreto, la propuesta de la defensa está basada en el artículo 57.7A de esta norma, que prevé que el fiscal pueda proponer la expulsión de un encausado previa conformidad con la defensa en el caso de que se le atribuyan delitos que no superen los seis años de cárcel. Según el letrado, en caso de un acuerdo entre ambas partes el juez instructor debería aceptar al acuerdo y expulsar a los dos imputados, ya que la ejecución de esta medida sería la pena a aplicar.

'La propuesta se ajusta a la legalidad, nos parece sensata y creo que al fiscal también le parece sensata. Es una buena solución porque conlleva en la práctica la libertad de mi cliente. La defensa allana el camino en la medida de lo posible', señaló antes de añadir que la intención de la defensa es la de 'colaborar con la Justicia en éste y en otros procedimientos'.