El informe policial que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) no quiso revisar, alegando haber archivado ya la parte del caso Gürtel relativa a los trajes recibidos por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, es todo lo jugoso que se esperaba. O más. Apunta directamente como responsables de la presunta financiación irregular del PP a la cúpula del partido en Valencia y al vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla.

Junto a Rambla, la Unidad de Delincuencia Económica sitúa no sólo como conocedores sino ejecutores de la situación irregular al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, al vicesecretario, David Serra, y a la tesorera del partido, Yolanda García Santos. Ninguno de ellos está todavía imputado, aunque a la vista del informe no parece que pueda ser otra la condición en la que acabarán en un futuro próximo.

El informe es contundente. Detalla que la trama Gürtel negociaba el pago de la deuda con los responsables políticos del PP en Valencia siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo, uno de los cabecillas de la red corrupta, confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordados entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez, El Bigotes. David Serra participaba eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de pago. Y Yolanda García libraba los fondos por indicación de Ricardo Costa a sabiendas de que las facturas reflejaban conceptos ficticios.

En resumen, Pablo Crespo, uno de los tres imputados en el caso que se encuentra en prisión, es el que daba las instrucciones pertinentes para confeccionar las facturas a Costa y a El Bigotes. Serra se ocupaba de los talones y García de emitir las facturas falsas.

Costa, del que el informe dice que actuaba como 'canalizador de los pagos ajenos al sistema financiero', es el único de los cuatro a los que se acusa ahora que ya tiene experiencia como imputado. Tuvo que declarar en el TSJCV con Camps y otros dos dirigentes del PP valenciano (el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, y el ex jefe del gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret) por haber recibido trajes de Milano y Forever Young que no pagaban ellos, sino Orange Market.

El pasado 3 de agosto, el TSJCV archivó el caso de los trajes, al no apreciar delito. La última palabra sobre si recibir dádivas es cohecho o no la tendrá el Tribunal Supremo.

Pero mientras el Alto Tribunal se pronuncia, el TSJCV no perdió el tiempo en relación a este informe sobre la financiación irregular del PP, pese a que el primer instructor del caso, Baltasar Garzón, ya apuntaba esta práctica delictiva en el auto en el que acordó inhibirse a favor de los tribunales valenciano y madrileño. Primero procedió a rechazar el informe, pero incorporándolo a la causa, y después, a petición de Camps, Costa y Campos, acordó devolverlo al órgano remitente. En este caso, con esa expresión se refería a la Policía, que el pasado 31 de julio, tres días antes de que se archivara la rama valenciana de la Gürtel, se lo remitió al Tribunal Supremo y los dos tribunales superiores que tenían abiertas actuaciones sobre la trama.

El informe policial detalla cómo el entramado utilizaba una doble contabilidad para encubrir los pagos al PP valenciano: una en dinero limpio, denominada A o 'Alicante', y otra en dinero B o 'Barcelona'. Con los datos recabados el informe llega a la conclusión de que 'no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al Partido Popular de la Comunidad Valenciana'.

Mientras que el PP valenciano pagaba su deuda con Orange Market a través de contratos que no salían a concurso, la filial en Valencia de Special Events abonaba cantidades al partido gracias a pagos de diversos empresarios valencianos.

El informe cita a Enrique Gimeno, presidente de FACSA (Fomento Agrícola Castellonense); Enrique Tomás Ortiz, de Ortiz e Hijos; Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Luis Batalla, del grupo Lubasa; y Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, por el grupo Sedesa.

El sistema, que destaca por su persistencia en el tiempo, se articulaba de la siguiente forma: la factura por un acto organizado por el PP de Valencia se sustituía por otra a cargo de una de las empresas implicadas cambiando el concepto.